Brecha económica antigitana

Brecha económica antigitana

Documento enviado a los miembros de la Subcomisión del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano del Congreso de los Diputados, con motivo de la comparecencia de Iñaki Vázquez Arencón, el 25 de mayo de 2022

Me gustaría poner sobre la mesa es la brecha económica antigitana existente, así como la falta de transparencia en la asignación de fondos europeos.

En el marco europeo de estrategias nacionales de Integración del Pueblo Gitano hasta 2020, la Unión europea diseñó diferentes instrumentos financieros (especialmente los Fondos Estructurales y el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural) que sumaban un monto total de 26.500 millones de euros dirigidos a complementar la aportación de los Estados miembro en materia de integración social, donde quedaba incluida la población gitana.

Tal y como recogía la propia estrategia, uno de los pilares fundamentales que la Comisión proponía para garantizar el éxito de las estrategias nacionales, era el establecimiento de un sistema serio de supervisión que incluyera baremos claros dirigidos a determinar si las inversiones económicas realmente llegan a la población gitana. A día de hoy este baremo sigue sin existir.

En este contexto de Fondos Europeos, existe la Red Europea para la Inclusión Social de la Población Gitana en el Marco de los Fondos Estructurales (Red EURoma). En esta Red hay varios países, pero está liderada por España, concretamente por la UAFSE, que es la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Ayuda Europea a las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). La secretaría técnica de EURoma la ostenta la Fundación Secretariado Gitano (FSG), que como todos ustedes saben es una organización progitana. ¿Saben cuántas organizaciones gitanas españolas forman parte de la red? Cero.

En este sentido, proponemos que se establezca un sistema democrático que permita que esa secretaría técnica vaya rotando por diferentes organizaciones gitanas, ya que esos fondos son para las personas gitanas. Es necesario democratizar este ámbito y poner absoluta transparencia en cómo se asignan esos fondos, a quién, para qué y porqué.

Es un hecho que existe una discriminación antigitana en el acceso a los recursos tanto económicos como materiales. Esta situación se convierte en un círculo vicioso, es un pez que se muerde la cola, de tal manera que las organizaciones no gitanas organizan recursos de millones de euros mientras que las organizaciones gitanas no se acercan ni a un 1% de esa cantidad. Sin embargo, hacemos el mismo trabajo en los barrios, y a veces, permítanme que lo diga señorías, con mejores resultados. Porque no es igual la empatía y la seguridad que las asociaciones gitanas transmiten hacia las personas gitanas en primera persona, exactamente de la misma manera que no es igual la empatía y la seguridad que siente una mujer víctima de violencia que se acerca a una organización feminista donde la atienden mujeres en lugar de varones. Hablamos de que esta discriminación impide a la sociedad civil gitana organizarse por sí misma en igualdad de condiciones.

¿Por qué ocurrirá eso pensarán sus señorías? Pues no tengo respuestas demasiado concretas para ello porque las instituciones, que son realmente las responsables de esta discriminación en la asignación de fondos, no han realizado aún ningún estudio de impacto y sobretodo oficial en este sentido. Sin embargo, puedo darles unos datos:

El Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Integración Social y Económica del Pueblo Romaní en Europa emitido tras el 87º pleno del Comité de las Regiones el 1 y 2 de diciembre de 2010, en su punto N.º 13 reconoce que , cito textualmente “no faltan fondos europeos utilizables para el desarrollo de programas de inclusión de los romaníes (…) pero señala que no se aprovechan de manera suficiente y continuada a nivel nacional, regional y local, y que un obstáculo para su utilización es también la escasa implicación de la comunidad romaní en los proyectos, en cierta medida porque no siempre se organiza por sí misma ni es capaz de ser sujeto activo de la sociedad civil

 ¿Qué pensaría sus señorías si la Unión Europea les dijera que “existen suficientes fondos para erradicar la violencia machista pero que el problema de que siga existiendo es que las mujeres no aprovechan los fondos porque no se implican, ni están organizadas ni son capaces de ser sujetos activos de la sociedad civil”? Como mínimo sonaría paternalista.

La realidad señorías, es que como habrán podido observar ustedes en el desarrollo de esta subcomisión, la sociedad civil gitana está absolutamente implicada, se organiza por sí misma y es meridianamente capaz de ser sujetos activos de la sociedad civil. Llevamos haciéndolo más de 40 años.

Señorías, en nuestra organización tenemos un dicho: “nada para el Pueblo Gitano sin contar con el Pueblo Gitano”, por eso desde aquí les pedimos que una de las medidas económicas que debe recoger el dictamen de esta Subcomisión es la de realizar un estudio oficial que rinda cuentas sobre la brecha económica antigitana en el acceso a la financiación pública y que diseñe un protocolo de igualdad de trato que incluya una mirada interseccional para impedir la discriminación económica a las organizaciones gitanas.

Pero además la petición de la inclusión de estas medidas, solicitamos algo que mañana mismo los grupos parlamentarios de esta cámara pueden realizar sin problema y es registrar una pregunta dirigida a la UAFSE para que determine de manera desagregada y pormenorizada cuáles han sido los recursos asignados a/para/y mientras se desarrollaba la Estrategia Nacional de Integración del Pueblo Gitano 2012-2020 y las organizaciones e instituciones a las que han sido asignados, y si es posible que se incluyan también los mismos datos desde 2020 a 2022. Mejor aún, solicítenle que lo haga de manera regular siempre.

Autor: Iñaki Vázquez Arencón
Motivo: Comparecencia en la Subcomisión del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano en el Congreso de los Diputados el 25 de mayo de 2022.