Paso histórico en la lucha contra el antigitanismo
“Esta discriminación es fruto de un proceso social y político que ha empujado a la creación de situaciones donde se vulneran todos los derechos de estas personas. Ahora, este odio y esta hostilidad será penada”, comenta el diputado Ismael Cortés, impulsor de la iniciativa
El antigitanismo no es un concepto nuevo. Algunos académicos británicos como Ian Hancock comenzaron a usarlo en los años 80, pero el término cobra fuerza a partir del 2011 cuando la Comisión Contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa aprueba la recomendación número 13 y se le asigna una categoría institucional a nivel Europeo. Soraya Post, eurodiputada romaní sueca, perteneciente al partido feminista, impulsó hasta tres resoluciones contra el antigitanismo.
Esto demuestra que ya existía una trayectoria y todo un proceso de institucionalización y elaboración de la idea que en España no había obtenido aún traducción. En la última década, la sociedad civil gitana se ha encargado de esta labor y ha ido poniendo el antigitanismo encima de la mesa de manera progresiva, insistiendo a su vez desde diferentes visiones y formas que esto no es la consecuencia, sino la causa y que se trata de un problema sistémico e histórico. Tantos años de esfuerzo han logrado finalmente sus frutos y la espera ha valido la pena.
Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación
La Ley de igualdad de trato y no discriminación impulsada por tres diputados gitanos del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, vinculada directamente con la dignidad de las personas, la paz social y la construcción de una sociedad más justa, ha conseguido ser apoyada este miércoles en el Congreso de los Diputados –tras años de lucha y cuatro intentos fallidos– introduciendo una reforma del Código Penal para que el antigitanismo sea incluido como forma específica dentro de los delitos de odio.
Ismael Cortes, diputado de Unidas Podemos y uno de los impulsores de esta enmienda, destacaba en una entrevista con LÚH!, la existencia de 272 asentamientos chabolistas mayoritariamente de gitanos en España, fruto de un proceso social y político que ha empujado a la creación de situaciones donde se vulneran todos los derechos de estas personas. Una población que ha quedado completamente despreciada, arrinconada, marginada e invisibilizada, a pesar de que “los gitanos son más antiguos que los borbones”, recordaba Cortes.
A partir de ahora, la hostilidad será castigada con una pena de prisión de uno a cuatro años y multas de seis a doce meses. Penalizando también que se produzcan, se elaboren o se posean materiales propagandísticos que inciten al odio o la violencia contra la comunidad, “sabemos que hay reductos fascistas en la sociedad que se dedican a ello”. La negación o la trivialización de los delitos de genocidio contra el pueblo gitano quedará también penada, al igual que la humillación o descrédito a través de internet, “todo ese material queda penado con esta modificación con multas de casi 500.000 euros. Además de la destrucción inmediata y el borrado de los contenidos, eliminando el material que contagia a la opinión pública”.
La enmienda aprobada propone la modificación del artículo 22 y 510 del Código Penal para incluir la discriminación contra el pueblo gitano. Una medida que ha tardado 600 años en llegar y que se convierte en algo histórico puesto que son las propias personas gitanas las que legislan sobre sí mismas, sin ningún tipo de tutelaje. “Es una medida que parte de nosotros”, señalaba Patricia Caro, experta en interseccionalidad a este diario, haciendo hincapié en la importancia de que por primera vez, queda reconocido de manera institucional que existe el antigitanismo en España y además, de que es algo indeseable.
El pueblo gitano, dañado tras años de genocidios y persecuciones aumenta con esta medida su confianza en las instituciones, al igual que el compromiso y la motivación hacia la participación política, ya que esto demuestra de que es posible impulsar cambios reales desde dentro de estos espacios, “Es una medida de reparación”. El odio, la hostilidad y la violencia por el hecho de pertenecer a un grupo cultural diferente continuará arraigado en la sociedad, tal y como señalaba Caro a LÚH!: “Hay gente que todavía está deseando que nos lleven a las cámaras de gas”, pero gracias a esta medida, estos actos no volverán a quedar impunes y ayudará a concienciar a la sociedad de que el antigitanismo existe, es un delito y una vulneración de los derechos humanos.
Iñaki Vázquez, activista e impulsor del espacio gitano “La Fragua Project”, califica de “emoción” lo que siente ante la noticia. El antigitanismo afecta en todos los ámbitos de la vida, desde la educación, el empleo, el acceso a la vivienda e incluso existe una menor esperanza de vida entre la población gitana y el resto, que varía entre nueve y quince años. “Habrá que seguir trabajando duro para desprendernos poco a poco de esta lacra, esa forma específica de racismo que tanto nos afecta”, comentaba Vázquez a este medio a la vez que celebraba este gran hito: “La estigmatización de nuestro pueblo, de nuestra identidad va a ser penado y eso es una gran noticia”.
Fuente: La Última Hora Noticias
Autora: Carmen Asenjo