Crítica al anteproyecto de Ley de Familias
En este Anteproyecto se señala que la Ley de Familias tiene por objeto “el pleno reconocimiento de la diversidad de modelos familiares que coexisten en nuestra sociedad, así como el establecimiento del marco y las bases para una política integral de apoyo a las familias, orientada a la mejora del bienestar y la calidad de vida de sus integrantes”. Y “busca extender el apoyo, avanzando en el cumplimiento del artículo 39 de la Constitución Española, que insta a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias”. Y se indica, así mismo, que la presente ley “también da cumplimiento a las reiteradas recomendaciones que la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea ha hecho a España sobre la protección del conjunto de familias de nuestro país”. Para ello, “la ley incorpora medidas en los ámbitos educativo, sanitario y social”. Se recuerda el artículo 9.2 de la Constitución Española que obliga a los poderes públicos a “corregir las desigualdades y garantizar […] una situación de igualdad en el acceso a derechos sociales, económicos o de cualquier otra índole”. “Las políticas públicas deben garantizar que todas las familias son iguales en derechos y que cada una de ellas recibe el apoyo y la protección social que necesita”.
Todo ello nos parece fenomenal, justo y necesario. Estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento general de la ley.
Se insiste reiteradamente en que esta ley debe dar respuesta” al “avance del feminismo, de los derechos LGTBI o la creciente demanda de cuidados por el progresivo envejecimiento de la población”. “También se garantizará la igualdad de trato y oportunidades de las personas integrantes de aquellas situaciones familiares con personas pertenecientes a colectivos LGTBI en el acceso y disfrute de todo tipo de prestaciones públicas, beneficios sociales y servicios, y se adoptarán medidas dirigidas a la prevenir la discriminación en los distintos contextos de estas familias por razón del sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales de quienes las integren”. Y se dedica el capítulo V a las situaciones familiares en que existan personas pertenecientes a los colectivos LGTBI, donde se dispone que “a fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas LGTBI a formar una familia, las administraciones públicas pondrán en marcha las medidas oportunas para promover la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a los bienes y servicios públicos, con el mandato legal expreso de que impulsarán medidas para garantizar la igualdad social y efectiva de las personas que las integran”.
También se establece que “las Administraciones Públicas pondrán todos los medios a su alcance para detectar situaciones de violencia en el ámbito familiar, y para darles la respuesta adecuada, en cumplimiento de la legislación vigente”. Y de garantizar la igualdad de derechos de aquellas familias en las que “haya personas con discapacidad y/o en situación de dependencia” o en las que “miembros de la pareja tienen hijas o hijos de uniones anteriores” o “familias residentes en el medio rural”.
Y esto también nos parece fenomenal, justo y necesario. Estamos totalmente de acuerdo en que la ley garantice la igualdad de derechos de las familias en situación de vulnerabilidad por cualquiera de esas circunstancias.
Sin embargo, este anteproyecto de ley no contempla la transmisión intergeneracional de la pobreza que se está produciendo en tantos barrios segregados a lo largo de todo el territorio nacional, fruto del círculo vicioso entre los prejuicios y estereotipos racistas (contra las personas gitanas y de origen inmigrante) y la marginación en todos los ámbitos de la vida: laboral y económica, en la vivienda, salud, escolar, etc.[1]
No se trata, como señala este anteproyecto de ley, meramente de “familias procedentes de otro Estado o territorio, o en que alguno o algunos de sus integrantes residen fuera del territorio nacional, o familias entre personas que proceden de entornos culturales o étnicos diferentes”. No es un mero problema de separación familiar o de haber nacido en otro país alguno de sus miembros (en el caso de las familias de origen migrante) ni de meras diferencias culturales. Es un problema generado por el antigitanismo y el racismo hacia los inmigrantes pobres y por la exclusión y segregación en todos los ámbitos de la vida: un círculo vicioso donde permanecen atrapadas muchas familias gitanas y de otras minorías étnicas y que tiende a perpetuarse generación tras generación.
Esta ley no tiene en cuenta para nada la situación de pobreza y exclusión social existente en multitud de hogares con importantes carencias materiales en España, tal como muestran los informes pertinentes. Así, según el informe «Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2022»[2], de la Plataforma de Infancia (red de más de 70 organizaciones de infancia), un 33% de los niños y adolescentes que viven en España lo hacen en riesgo de pobreza y exclusión social. Los datos de esta última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2022 constatan un empeoramiento de los datos de pobreza y exclusión social entre la población en España, así como un incremento de los hogares con importantes carencias materiales. El efecto de la crisis de la COVID-19 en la sociedad un año después del confinamiento se traduce en un aumento en los indicadores de pobreza, la carencia material y la baja intensidad de empleo.
Según esta ECV 2022, “España es el segundo país de la Unión Europea con una mayor tasa de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social, sólo por debajo de Rumanía”. El que “durante los últimos años España se encuentra entre los países con mayores índices de pobreza y de desigualdad de la Unión Europea” es una realidad que debe interpelar a los poderes públicos y aplicarse a ponerle remedio.
Este anteproyecto de ley no tiene en cuenta que “la pobreza es hereditaria” y en los casos severos de pobreza tiende a producirse una transmisión intergeneracional de la pobreza: seguirán siendo pobres cuando crezcan porque van a disfrutar de menos de oportunidades. El 60% de los habitantes con mayor pobreza han permanecido estancados en los últimos años.
Este anteproyecto de ley no tiene en cuenta que “hay una tendencia a la reproducción de las desigualdades educativas en función del nivel educativo y el estatus ocupacional de los padres”.
Este anteproyecto de ley ignora que “los grupos más pobres de la sociedad tienen más dificultades para conseguir una movilidad social ascendente que los lleven a alcanzar los estándares de renta o de calidad de vida de su comunidad de referencia. Ello se traduce en que los niños de familias pobres tendrán una mayor probabilidad de padecer situaciones de pobreza y/o privación material también en la etapa adulta, reproduciendo así los patrones de desigualdad generación tras generación” (VIII Informe FOESSA[3]).
Este anteproyecto de ley ignora que en nuestro país existe una tendencia a la “transmisión intergeneracional de los logros educativos”. “Los datos permiten apreciar que la movilidad educativa y la movilidad económica están muy relacionadas: los adultos que han logrado un nivel educativo más alto que el de sus padres tienen mayores opciones de lograr la movilidad ascendente en el caso de provenir de una familia marcada por la pobreza y un menor riesgo de experimentar movilidad social y económica descendente respecto al hogar paterno. De igual modo, en un contexto de expansión educativa, los adultos que se han quedado atrapados en el nivel educativo bajo que tenían sus padres tienen no sólo las peores condiciones de entrada en la vida adulta, sino también las expectativas más pobres en términos de movilidad social ascendente, de escapar de las dificultades económicas que vivieron en su infancia”. “[Es enorme] el riesgo de que sus peores resultados académicos se conviertan en una mayor vulnerabilidad económica y social en su vida adulta”.
Este anteproyecto de ley ignora que “es necesario atender a las necesidades multidimensionales que los padres con menos recursos encuentran en la crianza de sus hijos y que podrían evitar problemas de fracaso escolar y abandono escolar temprano, con sus correspondientes consecuencias económicas y sociales a largo plazo”. (VIII Informe FOESSA, 2019).
Este anteproyecto de ley no tiene en cuenta para nada tampoco la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030 (aprobada por el Consejo de Ministros del 2 de noviembre de 2021) ni al “compromiso del Gobierno de España -expresado en ella- con la cohesión y el progreso social, prestando especial atención a las personas en situación de pobreza o exclusión social, como es en este caso un porcentaje muy alto de la población gitana”. En este anteproyecto de Ley de Familias se ignoran por completo “las desventajas de esta población […] en la segregación escolar y residencial, en la persistencia de riesgo de pobreza […], en las dificultades para acceder al mercado laboral -especialmente entre la juventud gitana-, la brecha digital, la infravivienda y los casos de discriminación y antigitanismo en las distintas dimensiones de la vida” (Introducción de la Estrategia).
Este anteproyecto de Ley de Familias olvida que existe “una importante brecha de desigualdad que separa a la población gitana del resto de la ciudadanía del Estado Español” (tal como se señalaba en la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020). Olvida que “de todas las poblaciones europeas, los gitanos son los que tienen mayores riesgos de ser pobres y permanecer al margen de la educación y del empleo” (Informe sobre la Infancia, UNESCO, 2010). Olvida que buena parte de las familias gitanas en España padecen una discriminación multidimensional, que abarca las principales dimensiones o ámbitos de la vida [plasmó unas mínimas pinceladas sobre algunas de estas discriminaciones]:
- Discriminación racial en el acceso al trabajo: En torno al 50 % de los nuevos trabajos en nuestro país se consiguen por la red de informaciones e influencias familiares y de amistades. A esto hay que añadir el peso negativo de la estereotipia antigitana. Lo cual conlleva un “techo limitado de empleo” (John Ogbu) y una merma de todas las oportunidades vitales.
- Discriminación racial en el acceso a la vivienda: A la escasez de política de la vivienda social y a la especulación inmobiliaria hay que unir la discriminación racial en el alquiler de la vivienda: estigmatización por la que se anticipa que “no pagarán, destrozarán y alborotarán” (Andalucía Acoge, 2022). En una reciente investigación se ha puesto de manifiesto que el 86 % de las inmobiliarias de Barcelona aceptan o facilitan el racismo en el alquiler (Ayuntamiento de Barcelona, 2021).
- Discriminación escolar: Pese a ese impulso en los niveles escolares básicos, entre el alumnado gitano persisten unas altísimas tasas de fracaso escolar y, a pesar de cierta mejoría, sigue siendo muy escasa la presencia de estudiantes gitanos en educación secundaria postobligatoria y en la universidad (Fundación Secretariado Gitano, 2018). Además, hoy la mitad del alumnado gitano en España se encuentra escolarizado en centros guetizados (en los que solo hay alumnado gitano o de otras minorías étnicas) (Fundación Secretariado Gitano, 2022). España ocupa la antepenúltima posición entre los países europeos de la OCDE en cuanto a inclusión social de sus centros escolares, es decir, es el tercer país que más segrega a los alumnos según su renta familiar y etnia, solo detrás de Turquía y Lituania (Informe PISA, 2015). El gueto conlleva ausencia de convivencia con otros escolares no gitanos y carencia de referentes de alumnado con aspiraciones de continuidad escolar y tiende a alimentar la desconfianza de esas familias hacia el sistema escolar y supone un incumplimiento constitucional grave de los artículos 14, 27 y 9.2. de la Constitución Española, tal como ha denunciado el ex-Consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey en un detallado estudio (2021). Y así lo han denunciado en diversos informes, entre otras instituciones, el Defensor del Pueblo, el Procurador del Común de Castilla y León y el Síndic de Greuges de Cataluña. Además de una alta concentración de alumnado gitano en algunos centros, en el resto de los centros educativos una parte sustancial del alumnado gitano se ve sometida a segregación intra-centro, por la vía de la repetición de curso o la ubicación en “grupos de apoyo” o de “educación compensatoria”, etc., fuera de las aulas ordinarias. La repetición de curso está sesgada por clase social y etnia. El Informe Pisa de 2019 indica que “la mitad de los alumnos de origen social desfavorecido repiten” y que “el alumnado de origen social desfavorecido repite cinco veces más”. Por su parte, un informe de la OCDE de 2014 señala que “la repetición y la segregación no sólo son ineficaces para ayudar al alumnado con bajo rendimiento a superar sus dificultades en la escuela, sino que contribuyen a reforzar las desigualdades socioeconómicas”.
“Quien mayoritariamente sufre el fracaso escolar es el alumnado de rentas bajas, perteneciente a minorías étnicas, proveniente de otros países y las personas con discapacidad”, así como “aquellos cuyos padres han estudiado menos” (OCDE, 2013). Y, dada la trascendencia de las titulaciones académicas para el acceso al mundo laboral, el sistema educativo se configura para una parte sustancial del pueblo gitano –todavía hoy y en nuestra democrática sociedad– como un reproductor de la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la exclusión social.
Es tremendamente insuficiente y adolece de un enfoque nada sistémico ni integral lo que plantea este anteproyecto de Ley de Familias de que “En todos los casos de menores en riesgo de abandono escolar temprano, las Administraciones Públicas competentes proporcionarán atención educativa específica, facilitando orientación personalizada y refuerzo educativo, así como atención psicológica, con el objetivo de reintegrarlos a la dinámica educativa, teniendo siempre en cuenta las opciones formativas más ajustadas a las características, intereses y expectativas de las personas menores de edad.” No se trata de casos aislados, a los que haya que “reintegrar” con “atención psicológica”… La situación de segregación urbanística, de vulnerabilidad económica y social y de segregación e inequidad escolares hacen que la desesperanza ante el sistema escolar y el fracaso y abandono escolares tempranos sean la tónica habitual de estas familias. Por eso, sin un plan serio para revertir esta injusticia cronificada toda esta Ley de Familias y sus nobles objetivos se quedará en papel mojado ante la marginación y segregación de tantas familias gitanas españolas. Urge sobremanera abordar la situación de los barrios guetizados y de las familias que en ellos viven. Y urge sobremanera un plan estatal de choque para el fomento de la inclusión, el éxito y la continuidad escolar del alumnado gitano, pues de lo contrario, los hijos e hijas de las familias en situación de exclusión tendrán muchísimas posibilidades de formar en un futuro próximo nuevas familias sumidas en la misma exclusión.
Porque el hecho de que centenares de miles de familias (muchas de ellas gitanas y/o inmigrantes) sufran segregación urbanística, vulnerabilidad económica y social, segregación y fracaso y abandono escolar tempranos de sus menores supone un incumpliendo flagrante del derecho a la equidad (art. 14 de la Constitución), del derecho a la inclusión educativa (art. 27 de la Constitución), así como de la protección social, económica y jurídica de las familias (art. 39 de la Constitución y de la obligación de los poderes públicos de corregir las desigualdades (art. 9.2 de la Constitución):mandatos constitucionales inexcusables, que esta nueva ley parece obviar en lo relativo a las familias gitanas y de origen inmigrante de tantos y tantos barrios y centros escolares segregados y sitiados por la marginación. Familias para las que esta Ley de Familias no ofrecerá ninguna esperanza de transformación.
[1] Vid.: Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada): https://www.caritas.es/main-files/uploads/sites/31/2022/01/Informe-FOESSA-2022.pdf; y Abajo, J. E. (2021 y 2022):
https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2022/02/20220203-materialespueblogitano.htm y https://www.aecgit.org/publicaciones/publicaciones.html
[2] Plataforma de Infancia: Informe ‘Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2022″, de la Plataforma de la Infancia (https://www.plataformadeinfancia.org/).
[3] VIII Informe FOESSA, 2019: https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/06/2.6.pdf
Autor: José Eugenio Abajo Alcalde
Foto: Polígono Sur de Sevilla – Eduardo Briones Gómez, EuropaPress
Nota de La Fragua Projects: Reproducimos íntegramente este documento del compañero José Eugenio Abajo, que creemos muy necesario, desde la coincidencia plena con lo que plantea y con su consentimiento previo.