Posicionamiento de La Fragua Projects ante las Elecciones Locales y Autonómicas del 28 de mayo de 2023
La Fragua Projects es un espacio profesional gitano que forma parte de la economía social y solidaria. Como tal somos un actor de la sociedad civil gitana. Basamos todas nuestras actuaciones en impulsar iniciativas y proyectos, acompañando al movimiento asociativo gitano o prestando servicios a las administraciones públicas, que trabajen fundamentalmente en tres líneas:
Lucha contra el racismo antigitano
La discriminación de género e interseccional
El empoderamiento de las comunidades gitanas
Persiste el déficit democrático antigitano
Desde la posición que representa La Fragua Projects venimos a llamar la atención de la convocatoria electoral del próximo 28 de mayo de 2023 en la que se celebrarán elecciones municipales en todos los territorios de Estado Español y elecciones autonómicas en la mayoría de ellos. Observamos con atención la configuración de las listas electorales y seguimos constatando la infrarrepresentación gitana en las mismas lo que es de facto un déficit democrático y social de primer orden.
Hacemos un llamamiento a todas las candidaturas existentes a que rectifiquen en el futuro inmediato este hecho, que no por reiterado deja de ser muy grave, e incorporen a personas gitanas en sus listas, en puestos con posibilidades de ser elegidas. En nuestra sociedad existen infinidad de referentes gitanos que juegan un papel importante en sus comunidades y en el conjunto de la ciudadanía, que son, de facto, una oportunidad para las diferentes fuerzas políticas de ganar credibilidad y conexión con los sectores que padecen exclusión social en nuestro país. No incluir a personas gitanas en los procesos electorales, además de una constatación de racismo estructural, tiene un precio muy alto que no nos podemos permitir como país.
De hecho, la inclusión de personas gitanas y racializadas, que actúen desde los preceptos de la defensa integral de los Derechos Humanos, en los ayuntamientos y parlamentos autonómicos son el mejor antídoto con el auge de la ultraderecha política y social, que está enarbolando peligrosamente un discurso racista y xenófobo, que es la principal amenaza para nuestra democracia y convivencia. En nuestras proclamas decimos incansablemente que Pueblo Gitano tiene memoria. Ya que hemos sufrido en carne propia los efectos de la sinrazón del fascismo, deberíamos ser uno de los baluartes en los que sustentara el muro democrático que frene cualquier expresión de ese fascismo demofóbico, dispersor de odio y profundamente antidemocrático. Desde La Fragua Projects trabajamos incansablemente para que esto sea posible.
La abstención que solo importa un día pero que debería ser una preocupación de primer orden para la Sociedad Civil Gitana
El día 28 de mayo, cuando sepamos el resultado de los diferentes escrutinios escucharemos valoraciones de los lideres políticos y analistas lamentándose del alto índice de abstención electoral. Tristemente esas lamentaciones no suelen significar rectificaciones profundas en las estrategias de esos mismos partidos. Los barrios segregados (gueto), por solo poner un ejemplo, necesitan que sus voces lleguen a los parlamentos y ayuntamientos y sus urgentes reivindicaciones sean atendidas. Si no propiciamos un cambio en las listas electorales, en los programas, en los debates y en la posterior concreción de políticas que tengan repercusión en esos barrios, donde vive una buena parte del Pueblo Gitano, las personas que ahí viven seguirán pensando que son las grandes olvidadas del sistema político de representación y no les motivará ni a participar electoralmente ni a valorar las diferentes propuestas programáticas que se les ofrecen. Lamentablemente nos duele afirmar que las personas de los barrios gueto que no votan tienen una poderosa razón para abstenerse.
Sin embargo, en la legislatura estatal actual se ha podido constatar que la participación de tres personas gitanas en el Congreso de los Diputados ha propiciado que se debatan asuntos de extrema necesidad y que ocasionan sufrimiento y dolor a miles de nosotros y nuestra conciudadanía. Esas tres diputadas, de fuerzas parlamentarias muy diversas, política e ideológicamente hablando, con muchas dificultades y contratiempos, se han puesto de acuerdo para, en asuntos fundamentales para el Pueblo Gitano, empujar en la misma dirección. ¿No es esto una muestra de concordia y alejarse del frentismo político en el que vivimos? ¿No es esto una muestra de que cuando se incluyen a personas provenientes de sectores históricamente marginalizados los debates ganan calidad y se acercan a aquello que preocupa a la ciudadanía? ¿No es esto una demostración de que cuando se incluyen candidaturas gitanas se gana calidad democrática? Desde nuestro punto de vista la respuesta a estas preguntas es un sí contundente.
Desde la posición que ocupa La Fragua Projects, como profesionales de proyectos que necesitan un fuerte impulso político, hacemos un llamamiento a todas las personas gitanas a que vayan a votar el 28 de mayo, haciendo un ejercicio de un derecho del que son titulares e influyan en el resultado electoral de su municipio y/o Comunidad Autónoma. Cuando las fuerzas políticas analicen la capacidad que tienen determinados barrios de cambiar resultados, probablemente prestaran más atención a las reivindicaciones historias que abanderamos. Es más, no votar, siendo un derecho también, beneficia a quienes mantienen la arquitectura del racismo estructural, el clientelismo político, el asistencialismo y los cimientos heteropatriarcales que hacen mella en nuestros cuerpos y en nuestras vidas. Si decimos que las vidas gitanas importan, podemos asegurar que los votos gitanos también importan.
Brotes de un cambio de tendencia
A pesar de este análisis también observamos con esperanza que existen candidaturas que sí incorporan personas gitanas en puesto delanteros, y no lo hacen como una expresión de “colorismo” electoral, sino que a estas personas les avala su participación durante años, su activismo y sus capacidades. Estos casos son muy minoritarios, pero nos merecen especial atención, generando entre nosotras grandes expectativas para los próximos años.
Desde el enfoque antirracista, feminista y de empoderamiento que impulsa el espacio profesional de La Fragua Projects, y desde nuestra independencia y no adscripción a ninguna propuesta política, ponemos el valor a las personas candidatas gitanas en las capitales provinciales de Sevilla, Barcelona, Vitoria (Álava) y León; en los municipios de Sant Adrià del Besós y Sabadell (Barcelona), Noáin (Navarra), Camas (Sevilla) y Linares (Jaén); así como para la Asamblea de Madrid. Estamos seguras de que habrá más candidaturas gitanas en esta contienda electoral, pero estas son las que tenemos conocimiento hasta el momento. Pondremos nuestra atención en todas ellas sin excepción.
Desde La Fragua Projects hacemos un llamamiento a la ciudadanía gitana y a nuestros aliados a que actúen para que las personas candidatas gitanas no sientan «soledad» durante este proceso. No es sencillo tomar la decisión de dar un paso al frente, aún teniendo un objetivo de mejora comunitaria, bajo las siglas de un partido determinado. Es por eso por lo que, en aquellos barrios dónde las personas gitanas somos mayoría, se apoye a quién decide presentarse en una candidatura transmitiéndole que con ese paso hacía delante ganamos todas las personas gitanas a través de la posibilidad de representación. Por supuesto ese apoyo no debe significar votar por ese partido concreto necesariamente, pero consideramos muy positivo hacer sentir que su candidatura es percibida como buena tanto para la propia persona candidata gitana, por lo que representa a nivel individual y a ojos del partido que confía en ella, como para la comunidad gitana de su barrio en su conjunto. Las personas candidatas gitanas pueden y deben jugar un papel importante en las instituciones públicas llevando las demandas y reivindicaciones de sus barrios y del conjunto del Pueblo Gitano al debate político. De hecho, probablemente este deba ser el mayor de los motivos que han tenido estas personas gitanas para formar parte de una lista electoral.
Construyendo el “casa adentro gitana”
Hace ya muchos años que desde parte de la Sociedad Civil Gitana se reclama la existencia de espacios de debate de discusión estratégica a todos los niveles que propicien mayor grado de unidad de acción entre los diferentes agentes de la sociedad civil gitana. Sin duda los asuntos institucionales serían una buena parte de esos debates que necesitarían la creación de canales productores de intercambio de experiencias, diálogo y consenso.
Décadas de activismo y asociacionismo gitano, desafortunadamente aún no han propiciado estos foros, quedando a expensas de decisiones unipersonales y de decisiones de los diferentes partidos políticos (gaches) aspectos que son claves para el conjunto de nuestro Pueblo.
Por otra parte, repasando la hemeroteca, vemos proclamas a la unidad gitana de manera continuada, pero no se ha sido lo suficientemente persistente ni hábil para crear metodologías que permitan tener dinámicas propias del Pueblo Gitano, construyendo mecanismos participativos, de respeto y de intercambio de experiencia que son claves para nuestro presente y sobre todo para nuestro futuro, si queremos iniciar el camino de ser reconocidos como sujeto político en España y en Europa.
Tener personas gitanas electas por el conjunto de la ciudadanía es una fortaleza de la que no solo la formación política a la que representa debe beneficiarse. De alguna manera las personas gitanas electas nos representan a todo el Pueblo Gitano y sentimos orgullo de tenerlos entre nuestras filas, como tantas veces se ha afirmado en los últimos años con los representantes gitanos en la Cortes Generales.
Desde un espacio profesional gitano como es La Fragua Projects, la creación de estos foros es fundamental para propiciar debates que influyen de manera determinante en el desarrollo de nuestra acción profesional y en la propia de causa gitana. Estos espacios deben ser horizontales, democráticos y participativos, huyendo de jerarquías, que probablemente sean útiles y necesarias en otros campos, pero que en este asunto son un impedimento que se ha evidenciado de manera reiterada.
Propuestas postelectorales
La Fragua Projects, como espacio profesional que somos, apostamos en convertir la protesta en propuesta. Las campañas electorales están llenas de eslóganes y programas, pero en muchas ocasiones estos quedan en el olvido pasado el día de las votaciones. Teniendo esto en cuenta y entendiendo que el papel de los ayuntamientos y Comunidades Autónomas son claves para muchos aspectos relacionados con el Pueblo Gitano realizamos las siguientes propuestas para desarrollar una vez se configuren los ayuntamientos y los parlamentos autonómicos después del 28 de mayo de 2023:
Creación de un foro de personas gitanas con cargos electos en el ámbito municipal y autonómico, como espacio de encuentro y debate de asuntos relacionados con el Pueblo Gitano donde se produzcan debates que vayan más allá de las fronteras inherentes de las diferentes propuestas electorales que esas personas representan, que pudiera tener, entre otros, los siguientes objetivos:
Incentivar que las personas gitanas con cargos electos se sumen voluntariamente a ese foro y lo pongan en valor en sus propias formaciones políticas.
Impulsar un espacio institucional de intercambio de buenas prácticas con el Pueblo Gitano en el ámbito municipal y autonómico.
Construir mecanismos de creación de consensos y gestión de disensos para ese foro.
Encontrar los mecanismos para que ese foro tenga continuidad y regularidad en el tiempo.
Convertir esta experiencia en una prueba piloto que propicie en el futuro otros foros gitanos donde participe la sociedad civil gitana y otros agentes clave, contribuyendo de esta manera a la construcción de la “casa adentro gitana” tantas veces reivindicada.
Reproducimos el texto íntegro, traducido al español de la Declaración Conjunta del proyecto «DisQo, lucha contra la discriminación y equidad en el ámbito de la salud 2022-2023» en el que La Fragua Projects participa junto a otras 23 organizaciones europeas.
13 de abril de 2023
A pesar de que cada vez hay más pruebas de que el racismo y la discriminación estructurales, institucionales e interpersonales repercuten de múltiples maneras en las desigualdades en materia de salud física y mental , hasta ahora se ha prestado muy poca atención a esta cuestión en el ámbito de la salud pública.
Las organizaciones abajo firmantes, que trabajamos en todos los sectores, nos comprometemos a adoptar una postura activa contra todas las formas de racismo y discriminación y pedimos a los responsables de la toma de decisiones a todos los niveles, incluida la Comisión Europea, que sigan nuestro ejemplo.
Juntos, hemos identificado cinco prioridades clave para abordar la cuestión de forma constructiva, respetuosa y participativa:
Reconocer el racismo y la discriminación como determinantes fundamentales de la salud, la equidad y el bienestar.
Fortalecer la participación social de las comunidades racializadas y discriminadas, y fomentar la diversidad, la representación y la lucha contra la discriminación.
Aumentar la claridad y coherencia de las definiciones clave relacionadas con el racismo, la discriminación y la equidad en el ámbito de la salud.
Recopilar más datos sobre igualdad (en la salud), desglosados por indicadores sobre múltiples motivos de discriminación, y armonizar la recopilación de datos de la UE.
Reforzar la legislación antidiscriminatoria de la UE, eliminando los compartimentos estancos e impulsando la integración de las políticas, la transparencia, la justicia reparadora y la participación social.
Esta Declaración Conjunta ha sido elaborada por personas que trabajan para organizaciones que son miembros o apoyan la Red Temática «DisQo – antidiscriminación y equidad en salud».
En el Anexo 1 se incluye un glosario con definiciones de términos clave utilizados en este documento, como racismo estructural e institucional, discriminación y equidad sanitaria.
1. Empieza por el reconocimiento
El racismo y la discriminación son determinantes fundamentales de la salud, que repercuten negativamente en la salud física y mental, así como en la accesibilidad y la calidad de los servicios sanitarios, a lo largo de la vida y a través de las generaciones.1 A pesar de la abrumadora evidencia, estas desigualdades sistemáticas y evitables en materia de salud han recibido muy poca atención en el ámbito de la salud pública.
Reconocer y nombrar los prejuicios inconscientes, así como el racismo y la discriminación interpersonales e internalizados, en el lugar de trabajo, en las comunicaciones, en la investigación y en las interacciones con otras personas, incluidos colegas o pacientes, hará avanzar la comprensión del problema y permitirá realizar más esfuerzos para abordarlo.
Reconocemos y apoyamos las acciones de la actual Comisión Europea, incluidas sus estrategias contra la discriminación, como el Plan de acción de la UE contra el racismo.3 Sin embargo, pedimos un compromiso más firme, no sólo de las instituciones de la Unión Europea, sino también de todos los líderes dentro y fuera del ámbito de la salud pública, incluidas nuestras propias organizaciones, para lograr un reconocimiento más amplio del racismo y la discriminación como determinantes fundamentales de la salud, la equidad y el bienestar.
Lograr un mayor reconocimiento del racismo y la discriminación como determinantes fundamentales de la salud, la equidad y el bienestar.
Nos comprometemos a emprender acciones para un reconocimiento más amplio del racismo y la discriminación estructurales, institucionales e interpersonales como determinantes fundamentales de la salud, la equidad y el bienestar mediante:
reforzando las políticas y prácticas antirracistas y antidiscriminatorias dentro de nuestras propias organizaciones
integrando este reconocimiento en nuestro trabajo/defensa siempre que sea posible;
colaborando y asociándonos con organizaciones de todos los sectores para crear comunidades de e intercambiar experiencias.
Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que reconozca explícitamente el racismo y la discriminación como factores determinantes de la salud, la equidad y el bienestar:
asumiendo un papel de liderazgo para abordar esta cuestión desde la perspectiva de la equidad sanitaria;
la inclusión de menciones explícitas de esta cuestión en los documentos legislativos y políticos políticas;
dando prioridad a esta cuestión como parte integrante de los planes de formación en distintas disciplinas y como aspecto clave de la formación profesional continua; y
dar prioridad al tema en la financiación de la investigación.
2. Se trata de las personas
Con demasiada frecuencia, las políticas se elaboran sin implicar a las personas afectadas por ellas. Además, la participación social en los procesos de toma de decisiones es algo más que hacer que las personas participen en un ejercicio de marcar casillas al final de un proceso y debe seguir un «marco basado en los derechos humanos » que implique un compromiso significativo de las personas y comunidades afectadas a lo largo de todo el proceso, desde el diagnóstico del problema o problemas hasta la planificación, aplicación y evaluación de la política o intervención. También incluye proporcionar los medios para participar, la capacidad de las personas y el empoderamiento cuando sea necesario. La OMS Europa reconoce la participación social como motor de la equidad sanitaria. Un aspecto importante y relacionado con esto es la falta de diversidad y representación en los puestos de poder, como en las salas de juntas de las organizaciones públicas y privadas y en los órganos consultivos. La diversidad y la representación a las que nos referimos aquí incluyen, entre otros, el origen étnico, la raza, la cultura, la nacionalidad, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la edad y la discapacidad. Esta falta de diversidad se observa también en el actual Parlamento Europeo, donde las minorías étnicas en general y las personas de color en particular están ampliamente infrarrepresentadas.
Reforzar la participación social de las comunidades racializadas y discriminadas, y fomentar la diversidad, la representación y la lucha contra la discriminación a todos los niveles.
Nos comprometemos a promover activamente actividades de participación social significativas que sean inclusivas y en las que se otorgue el liderazgo a los implicados mediante
Aportando liderazgo intelectual, experiencia vivida y soluciones concretas cuando los responsables de la toma de decisiones en actividades de participación social participen en el diseño, desarrollo y evaluación de iniciativas legislativas duras y blandas;
proporcionando información continua sobre cómo pueden mejorarse dichos procesos; y
abogar por la diversidad y la representación a todos los niveles, tanto en nuestras propias organizaciones como en nuestro trabajo sobre la equidad (sanitaria) en torno a las personas de comunidades marginadas.
Pedimos a la Comisión Europea que redoble sus esfuerzos para promover la participación social y aumentar la diversidad en todos sus niveles organizativos mediante:
incorporando y liderando sistemáticamente a las partes interesadas de la sociedad civil, no sólo en el diseño, desarrollo y evaluación de iniciativas legislativas duras y blandas, sino también como fuente clave de conocimientos especializados, siguiendo las Directrices para Legislar Mejor; y
fomentando -de forma no simbólica (es decir, garantizando una influencia real)- la diversidad y la representación en sus asesores/organismos consultivos, en sus proyectos financiados y, lo que es más importante, en todas sus DG, a todos los niveles de gobernanza.
3. El lenguaje importa
A fin de mejorar la calidad del diálogo y el discurso para abordar eficazmente el racismo y la discriminación, se necesitan definiciones concisas y reconocidas de términos y conceptos clave, como por ejemplo raza, racismo, racialización, discriminación, antirracismo, antidiscriminación, desigualdades sanitarias y equidad sanitaria. Se trata de requisitos previos fundamentales para crear un lenguaje común, un terreno común y un espacio seguro para el diálogo constructivo, así como para garantizar el uso de un lenguaje respetuoso y no estigmatizador.
Las definiciones existentes están fragmentadas en documentos y sitios web de las Direcciones Generales (DG) y Agencias de la Comisión Europea. Además, existen múltiples definiciones para el mismo término, y las definiciones utilizadas por organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, también pueden diferir.
Aumentar la claridad y coherencia de las definiciones clave
Nos comprometemos a promover un lenguaje respetuoso e inclusivo y a aumentar la claridad y coherencia de las definiciones críticas mediante claridad y coherencia de las definiciones críticas
la creación de espacios seguros para el diálogo inclusivo y respetuoso en nuestras propias organizaciones; y
liderando la reflexión y participando activamente en las acciones de la UE para armonizar las definiciones.
Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que asuma un papel de liderazgo en el aumento de la claridad y coherencia de las definiciones críticas mediante:
desarrollando una página web con un glosario general de definiciones; y
realizando -o financiando- un ejercicio de armonización para establecer definiciones de los términos sobre los que no existe consenso, con la participación de las partes interesadas, incluida la sociedad civil.
4. Si no se puede medir, no se puede solucionar
La formulación de políticas y el seguimiento basados en pruebas para abordar el racismo y la discriminación y promover la equidad (sanitaria) requieren datos de buena calidad (cuantitativos y cualitativos) que permitan el desglose por indicadores de los diversos motivos por los que las personas pueden ser discriminadas, como su raza, origen étnico, características sexuales, género, orientación sexual, discapacidad, religión, creencias, edad y situación socioeconómica. Además, los datos sobre la discriminación autodeclarada o percibida son importantes, ya que las víctimas de discriminación tienden a no denunciar los incidentes de discriminación a las autoridades por diversas razones, como no saber a quién acudir y la falta de confianza en las autoridades. Dichos datos también permitirían realizar un análisis interseccional, mostrando individuos o grupos que se enfrentan a una discriminación múltiple e interconectada. Es importante destacar que la recopilación y el uso de datos sobre igualdad deben seguir el principio basado en los derechos humanos de no hacer daño, y no crear ni reforzar la discriminación, los prejuicios o los estereotipos existentes. Además, los datos anónimos deben ponerse a disposición del público. Sin embargo, en la UE faltan sistemas integrales o un enfoque coordinado para recopilar y utilizar datos de buena calidad sobre la igualdad, en parte debido a los diferentes enfoques y normas por los que algunos de los Estados miembros prohíben la recopilación de datos basados en el origen étnico por razones éticas, constitucionales o históricas.
Esto incluye los datos sobre igualdad en el ámbito de la salud (mental), en el que debe mejorarse tanto la recogida de datos como la investigación, incluidos los estudios a largo plazo, sobre todas las formas de racismo y discriminación. Un elemento crucial es la formación, no sólo de los profesionales sanitarios, sino -lo que es más importante- también de los miembros del personal (auxiliares, recepcionistas, etc.) encargados de recopilar los datos, para que comprendan la importancia que, a su vez, pueden transmitir a los pacientes. Esto incluye habilidades interpersonales y de sensibilidad cultural que generen confianza en el paciente. Por otra parte, la propuesta de la Comisión Europea sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios es un instrumento legislativo crucial que, si se aplica con prudencia, tiene el potencial de aumentar la transparencia, dar a las personas el control sobre sus propios datos sanitarios y generar confianza en la forma en que se utilizan los datos.
Aunque existen algunas consideraciones legales, sobre todo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE y las normas nacionales de protección de datos para proteger a los ciudadanos de cualquier riesgo potencial de uso indebido o abuso, la recopilación y el tratamiento de categorías especiales de datos personales son posibles en determinadas condiciones, incluso con fines estadísticos o de investigación. Por último, la falta de recursos financieros para llevar a cabo encuestas de recopilación de datos frecuentes y de alta calidad constituye un obstáculo importante.
Recopilar más datos sobre igualdad y de mayor calidad, desglosados por indicadores sobre múltiples motivos de discriminación.
Nos comprometemos a impulsar la mejora de los datos sobre igualdad:
abogando por una mayor calidad de los datos sobre igualdad, incluida la adecuada asignación de recursos, tanto a nivel nacional como de la UE; y
liderando la reflexión y participando activamente en los esfuerzos por armonizar la recopilación de datos sobre igualdad en toda la UE;
Pedimos a la Comisión Europea que impulse la mejora de los datos sobre igualdad:
asumiendo un papel de liderazgo en la armonización de la recogida de datos sobre igualdad en la UE, con la participación de las partes interesadas pertinentes, incluidos los que trabajan con datos (Eurostat, Eurofound, FRA, OCDE, CCI, OMS, etc.) y la sociedad civil
elaborar nuevas orientaciones para los Estados miembros sobre la recogida sistemática de datos sobre igualdad, también en el ámbito de la asistencia sanitaria mental y física, mejorando su comparabilidad y accesibilidad, y sobre la formación de las personas que recogen los datos;
promover un enfoque interseccional de los datos, garantizando que la recopilación de datos refleje la diversidad de los grupos expuestos a la discriminación; y
financiar -y animar a los Estados miembros a financiar- proyectos que avancen en la armonización de la recogida de datos sobre igualdad en la UE.
5. Acabar con los compartimentos estancos y pasar a la acción
Abordar cuestiones complejas y profundamente arraigadas como el racismo y la discriminación estructurales e institucionales, que afectan a sociedades y generaciones, requiere acciones a distintos niveles y colaboraciones y asociaciones entre distintos sectores. Esto último exige romper los compartimentos estancos y operar fuera de la propia zona de confort y/o área de especialización, para lo cual todos los puntos anteriores son cruciales: reconocimiento del problema, un lenguaje común con definiciones claras para la comprensión, la participación y el liderazgo de las personas afectadas, y datos de buena calidad. Es crucial reconocer que existen silos entre las categorías de partes interesadas, incluidos los sectores público, privado y de la sociedad civil, pero también que dentro de estos silos puede haber dinámicas y estructuras de poder que sostienen la discriminación y/o la exclusión.
La actual Comisión Europea ha puesto en marcha varias estrategias de la Unión por la Igualdad en 2020-2021 que persiguen la igualdad por diferentes motivos de discriminación, incluidos el racismo y la etnia, el antisemitismo, la discapacidad, el género, el colectivo LGBTIQ y el sentimiento antigitano. Estas estrategias van acompañadas de un grupo de trabajo específico sobre igualdad que trabaja para integrar la igualdad en todos los ámbitos políticos[8]. Este grupo de trabajo opera horizontalmente en todas las Direcciones de la Comisión y, por tanto, debería reducir el trabajo en compartimentos estancos cuando se produzca. Sin embargo, el grupo de trabajo es un servicio interno y no es visible desde el exterior, por lo que no puede supervisarse su rendimiento. Además, la transparencia en torno a la asignación de recursos para luchar contra las desigualdades sería favorable.
Reforzar la legislación antidiscriminatoria de la UE rompiendo compartimentos estancos e impulsando la integración de las políticas, la transparencia y la participación social.
Nos comprometemos a romper los compartimentos estancos y a pasar a la acción:
aumentando la colaboración intersectorial con organizaciones ajenas a nuestras redes habituales; y
participando activamente en actividades participativas centradas en la integración de la política de la UE, y aportando su liderazgo intelectual.
Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que rompa los compartimentos estancos y pase a la acción:
reforzando sus esfuerzos de integración de la política a través del Grupo de Trabajo sobre Igualdad, para identificar la fragmentación, mejorar la coordinación y aumentar los espacios (seguros para) el diálogo entre los diferentes niveles;
adoptar un enfoque interseccional, reconociendo la diversidad de los grupos expuestos al racismo estructural y a la discriminación, para dar una respuesta eficaz y global a las necesidades particulares de dichos grupos en las intersecciones pertinentes; y
aumentar la transparencia y la participación social para reforzar la integración de las políticas, incluso en el Grupo de Trabajo sobre Igualdad y la financiación destinada a la lucha contra las desigualdades;
El camino es nuestro
Nosotros, las organizaciones abajo firmantes, reconocemos que lograr una verdadera Unión de la Igualdad es y será un camino continuo que deseamos recorrer juntos. Por favor, considere esto como una mano amiga y un compromiso de cada una de las organizaciones abajo firmantes para apoyarnos en todo lo que podamos para avanzar hacia nuestro objetivo común: sociedades justas e igualitarias.
Firmas
Las organizaciones y los diputados al Parlamento Europeo abajo firmantes suscriben la presente Declaración Conjunta. Pueden presentarse adhesiones adicionales hasta el 17 de mayo de 2023. Las adhesiones, preguntas o sugerencias pueden dirigirse a Raymond Gemen (Raymond.gemen@epha.org).
Organizaciones:
Africa Advocacy Foundation Art.1 Midden Nederland Association of Schools of Public Health in the European Region Cairde Center for Community Research and Action de la Universidad de Sevilla (CESPYD) Centre for Global Health Inequalities Research European Association for the Study of Obesity European AIDS Treatment Group Eurochild EuroHealthNet European Independent Foundation in Angiology/ Vascular Medicine European Institute of Women’s Health European Network of Equality Bodies European Psychiatry Association European Public Health Alliance European Society for Organ Transplantation European Public Health Association Eurordis FEANTSA International Sports and Culture Association La Fragua Projects Make Mothers Matter Mental Health Europe MiHealth Europe Nobody left Outside Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants Robert Koch Institute (German National Public Health Institute) Romtens Foundation Salud por Derecho Social Platform
Miembros del Parlamento Europeo
Miguel Urbán Crespo – Grupo de La Izquierda Milan Brglez – Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas Romeo Franz – Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Un trabajo coordinado por la Universidad de Sevilla consigue crear un colectivo para reivindicar mejoras y hacer que las adolescentes persigan salidas alternativas
Zíngara (se omite el apellido por ser menor) tiene 14 años, 11 hermanos ya casados y sueña con ser maestra, a diferencia de muchas de sus compañeras “que, con 15 años, tienen novio, han dejado el instituto y ya están amargadas”, según relata. Naira, de ocho años, quiere ser médica, futbolista y pintora. Alegría, de 12 años, también aspira a enseñar y su compañera Carmen, de la misma edad, se ve como peluquera. Todas son de etnia gitana y viven en los barrios más desfavorecidos de Sevilla, Pamplona, Córdoba o Alicante. Cada mañana, cuando levantan la persiana y pisan la calle para ir a los centros educativos, solo ven suciedad, cables descubiertos, casas arruinadas, basura, zanjas, insalubridad… Un proyecto de investigación de la Universidad de Sevilla y otras cuatro entidades académicas, llamado [J]itana, busca una nueva fórmula para revertir esa realidad, que la degradación del entorno no sea una condena permanente, que las niñas y sus madres sean dueñas de su futuro, cumplan sus sueños, transmitan su aprendizaje y alcen la voz.
“Tenía que llevar a mi hijo en brazos por la escalera para que no le picaran las pulgas. Protestaba, pero no venían a desinfectar. Me vi impotente”, recuerda Raquel Gabarre, que lleva 43 de sus 50 años viviendo en el Polígono Sur de Sevilla, un conjunto de barrios con la menor renta de España, según los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y donde sobreviven 50.000 personas con 5.666 euros de ingresos medios anuales.
Patricia Amaya, de 44 años, ha vivido algo más de una década “en el peor bloque del barrio” con una niña pequeña a la que acompañaba a diario al colegio sorteando todo tipo de riesgos desde los rellanos de la escalera hasta el centro escolar. Es limpiadora y ha trabajado 14 horas diarias por cinco euros la hora y sin asegurar. Ha conseguido salir de ese bloque con la ayuda de esa hija a la que protegía y que hoy está ya asentada en Pamplona y con un trabajo. Ambas representan a la mayoría de la población del Polígono Sur: obreros, luchadores y resilientes. “Aquí hay más gente que cuida de todo y que trabaja que gente que no lo hace. Nos hacen creer que es culpa nuestra, pero es mentira. El barrio está deteriorado desde hace 30 años y debería ser ilegal vivir así. Es infrahumano”, asegura Raquel Gabarre.
Ella y Patricia Amaya forman parte también de [J]itana, el proyecto liderado por la Universidad de Sevilla, financiado por la Agencia Estatal de Investigación (43.560 euros del plan de I+D+i Retos de Investigación con fondos europeos FEDER) y con especialistas de distintos ámbitos de la psicología social y experimental, la sociología, la docencia y la enfermería coordinados por el catedrático Manuel García Ramírez.
El programa, según resume el investigador principal, nace tras constatar varias circunstancias fundamentales: “El abandono es indiscutible y las mujeres son víctimas. No se les puede criminalizar ni considerar culpables ni exigirles que lo resuelvan. También constatamos que las medidas de seguridad, políticas y de participación fracasan porque se hacen de espaldas a la comunidad gitana. No se identifican”.
De esta forma, el programa, que no nació como exclusivamente femenino, pero fueron ellas las que se involucraron de forma mayoritaria, se plantea desde una premisa novedosa: la participación y liderazgo gitano para establecer pautas de acción. “Las mujeres y las niñas son coinvestigadoras. Es una alianza. Creamos un espacio seguro donde todos aprendemos”, explica Daniela Miranda, investigadora procedente de Boston (EEUU) que se ha asentado en Sevilla tras implicarse en el proyecto.
García Ramírez coincide en esta simbiosis: “Una niña de 15 años puede que no haya salido nunca del barrio. Construye su vida desde esta realidad deprimida y deteriorada que lleva al abandono temprano de la formación y a matrimonios adolescentes”. El 70% de las chicas gitanas de España abandonan la escuela a los 12 años. “Las niñas ni se plantean sus sueños”, comenta Marta Lajos, quien colabora en el proyecto con Gaz Kalo (Pueblo Gitano), la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra. “Pero sobreviven y podemos aprender de esa resiliencia, de su fortaleza, del concepto de familia. Hay patrones de vida digna y es lo que busca el proyecto”, añade el investigador principal.
El plan pasa por una primera fase de identificación de los problemas a partir de una fórmula denominada Fotovoz (photovoice), un proceso por el cual los participantes en el programa señalan y registran los problemas que hay que mejorar en su comunidad mediante imágenes. “Se deshabitúan. Dejan de ver algo como normal y toman conciencia al fotografiarlo”, explica García Ramírez.
Las imágenes dan lugar a un diálogo crítico que ha desembocado en Yiló (corazón en caló), un colectivo gitano y académico que permite pasar a la acción. “Vamos a hacer algo. Hay que empezar. Que nuestras hijas tengan sus sueños”, relata Raquel Gabarre.
Daniel La Parra, catedrático de sociología de la Universidad de Alicante e integrante del proyecto, explica que afrontan “problemas invisibilizados de los que apenas se habla, ni siquiera en el mundo académico, o que, cuando se hace, se estigmatiza a las víctimas y no se les reconoce la capacidad de observar y proponer”. “Hay que cambiar la gobernanza, pero la velocidad es muy lenta”, lamenta.
La finalización de la primera fase del proyecto, que ha conseguido una prórroga, ha llevado a la recreación en la Factoría Cultural del Polígono Sur de La casa de los sueños, una reproducción del hogar gitano al que aspiran las integrantes del programa, con un dormitorio donde, a pesar del paisaje que perciben por la ventana, cuelgan las ilusiones de futuro.
En la sala de estar de esa casa ideal se sienta Alegría, hija de vendedores ambulantes que insiste en que quiere ser maestra. “Me gusta trabajar con las niñas”, asegura. Y está dispuesta a todo, a trabajar y a estudiar hasta el final. Cuenta con el apoyo de la familia, igual que Carmen, su compañera, más tímida, pero también convencida de que el matrimonio precoz que sirve de salida para muchas compañeras no le lleva a ningún sitio.
“Las escuchamos, creamos un ambiente de confianza”, explica María Jesús Tejerizo, colaboradora del programa, para resaltar la importancia de este cambio de actitud. Recuerda una niña muy tímida que comenzó retraída en el proyecto hasta que un día dijo: “Yo quiero hablar”.
La investigación la ha llevado a cabo el Centro de Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla (CESPYD), una Coalición para el Estudio de la Salud, el Poder y la Diversidad que tiene como misión desarrollar proyectos de investigación-acción comunitaria encaminados a aumentar el bienestar de grupos vulnerables y minorías étnicas.
En este Anteproyecto se señala que la Ley de Familias tiene por objeto “el pleno reconocimiento de la diversidad de modelos familiares que coexisten en nuestra sociedad, así como el establecimiento del marco y las bases para una política integral de apoyo a las familias, orientada a la mejora del bienestar y la calidad de vida de sus integrantes”. Y “busca extender el apoyo, avanzando en el cumplimiento del artículo 39 de la Constitución Española, que insta a los poderes públicos a asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias”. Y se indica, así mismo, que la presente ley “también da cumplimiento a las reiteradas recomendaciones que la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea ha hecho a España sobre la protección del conjunto de familias de nuestro país”. Para ello, “la ley incorpora medidas en los ámbitos educativo, sanitario y social”. Se recuerda el artículo 9.2 de la Constitución Española que obliga a los poderes públicos a “corregir las desigualdades y garantizar […] una situación de igualdad en el acceso a derechos sociales, económicos o de cualquier otra índole”. “Las políticas públicas deben garantizar que todas las familias son iguales en derechos y que cada una de ellas recibe el apoyo y la protección social que necesita”.
Todo ello nos parece fenomenal, justo y necesario. Estamos totalmente de acuerdo con el planteamiento general de la ley.
Se insiste reiteradamente en que esta ley debe dar respuesta” al “avance del feminismo, de los derechos LGTBI o la creciente demanda de cuidados por el progresivo envejecimiento de la población”. “También se garantizará la igualdad de trato y oportunidades de las personas integrantes de aquellas situaciones familiares con personas pertenecientes a colectivos LGTBI en el acceso y disfrute de todo tipo de prestaciones públicas, beneficios sociales y servicios, y se adoptarán medidas dirigidas a la prevenir la discriminación en los distintos contextos de estas familias por razón del sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales de quienes las integren”. Y se dedica el capítulo V a las situaciones familiares en que existan personas pertenecientes a los colectivos LGTBI, donde se dispone que “a fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de las personas LGTBI a formar una familia, las administraciones públicas pondrán en marcha las medidas oportunas para promover la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a los bienes y servicios públicos, con el mandato legal expreso de que impulsarán medidas para garantizar la igualdad social y efectiva de las personas que las integran”.
También se establece que “las Administraciones Públicas pondrán todos los medios a su alcance para detectar situaciones de violencia en el ámbito familiar, y para darles la respuesta adecuada, en cumplimiento de la legislación vigente”. Y de garantizar la igualdad de derechos de aquellas familias en las que “haya personas con discapacidad y/o en situación de dependencia” o en las que “miembros de la pareja tienen hijas o hijos de uniones anteriores” o “familias residentes en el medio rural”.
Y esto también nos parece fenomenal, justo y necesario. Estamos totalmente de acuerdo en que la ley garantice la igualdad de derechos de las familias en situación de vulnerabilidad por cualquiera de esas circunstancias.
Sin embargo, este anteproyecto de ley no contempla la transmisión intergeneracional de la pobreza que se está produciendo en tantos barrios segregados a lo largo de todo el territorio nacional, fruto del círculo vicioso entre los prejuicios y estereotipos racistas (contra las personas gitanas y de origen inmigrante) y la marginación en todos los ámbitos de la vida: laboral y económica, en la vivienda, salud, escolar, etc.[1]
No se trata, como señala este anteproyecto de ley, meramente de “familias procedentes de otro Estado o territorio, o en que alguno o algunos de sus integrantes residen fuera del territorio nacional, o familias entre personas que proceden de entornos culturales o étnicos diferentes”. No es un mero problema de separación familiar o de haber nacido en otro país alguno de sus miembros (en el caso de las familias de origen migrante) ni de meras diferencias culturales. Es un problema generado por el antigitanismo y el racismo hacia los inmigrantes pobres y por la exclusión y segregación en todos los ámbitos de la vida: un círculo vicioso donde permanecen atrapadas muchas familias gitanas y de otras minorías étnicas y que tiende a perpetuarse generación tras generación.
Esta ley no tiene en cuenta para nada la situación de pobreza y exclusión social existente en multitud de hogares con importantes carencias materiales en España, tal como muestran los informes pertinentes. Así, según el informe «Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2022»[2], de la Plataforma de Infancia (red de más de 70 organizaciones de infancia), un 33% de los niños y adolescentes que viven en España lo hacen en riesgo de pobreza y exclusión social. Los datos de esta última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 2022 constatan un empeoramiento de los datos de pobreza y exclusión social entre la población en España, así como un incremento de los hogares con importantes carencias materiales. El efecto de la crisis de la COVID-19 en la sociedad un año después del confinamiento se traduce en un aumento en los indicadores de pobreza, la carencia material y la baja intensidad de empleo.
Según esta ECV 2022, “España es el segundo país de la Unión Europea con una mayor tasa de niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión social, sólo por debajo de Rumanía”. El que “durante los últimos años España se encuentra entre los países con mayores índices de pobreza y de desigualdad de la Unión Europea” es una realidad que debe interpelar a los poderes públicos y aplicarse a ponerle remedio.
Este anteproyecto de ley no tiene en cuenta que “la pobreza es hereditaria” y en los casos severos de pobreza tiende a producirse una transmisión intergeneracional de la pobreza: seguirán siendo pobres cuando crezcan porque van a disfrutar de menos de oportunidades. El 60% de los habitantes con mayor pobreza han permanecido estancados en los últimos años.
Este anteproyecto de ley no tiene en cuenta que “hay una tendencia a la reproducción de las desigualdades educativas en función del nivel educativo y el estatus ocupacional de los padres”.
Este anteproyecto de ley ignora que “los grupos más pobres de la sociedad tienen más dificultades para conseguir una movilidad social ascendente que los lleven a alcanzar los estándares de renta o de calidad de vida de su comunidad de referencia. Ello se traduce en que los niños de familias pobres tendrán una mayor probabilidad de padecer situaciones de pobreza y/o privación material también en la etapa adulta, reproduciendo así los patrones de desigualdad generación tras generación” (VIII Informe FOESSA[3]).
Este anteproyecto de ley ignora que en nuestro país existe una tendencia a la “transmisión intergeneracional de los logros educativos”. “Los datos permiten apreciar que la movilidad educativa y la movilidad económica están muy relacionadas: los adultos que han logrado un nivel educativo más alto que el de sus padres tienen mayores opciones de lograr la movilidad ascendente en el caso de provenir de una familia marcada por la pobreza y un menor riesgo de experimentar movilidad social y económica descendente respecto al hogar paterno. De igual modo, en un contexto de expansión educativa, los adultos que se han quedado atrapados en el nivel educativo bajo que tenían sus padres tienen no sólo las peores condiciones de entrada en la vida adulta, sino también las expectativas más pobres en términos de movilidad social ascendente, de escapar de las dificultades económicas que vivieron en su infancia”. “[Es enorme] el riesgo de que sus peores resultados académicos se conviertan en una mayor vulnerabilidad económica y social en su vida adulta”.
Este anteproyecto de ley ignora que “es necesario atender a las necesidades multidimensionales que los padres con menos recursos encuentran en la crianza de sus hijos y que podrían evitar problemas de fracaso escolar y abandono escolar temprano, con sus correspondientes consecuencias económicas y sociales a largo plazo”. (VIII Informe FOESSA, 2019).
Este anteproyecto de ley no tiene en cuenta para nada tampoco la Estrategia Nacional para la Igualdad, Inclusión y Participación del Pueblo Gitano 2021-2030 (aprobada por el Consejo de Ministros del 2 de noviembre de 2021) ni al “compromiso del Gobierno de España -expresado en ella- con la cohesión y el progreso social, prestando especial atención a las personas en situación de pobreza o exclusión social, como es en este caso un porcentaje muy alto de la población gitana”. En este anteproyecto de Ley de Familias se ignoran por completo “las desventajas de esta población […] en la segregación escolar y residencial, en la persistencia de riesgo de pobreza […], en las dificultades para acceder al mercado laboral -especialmente entre la juventud gitana-, la brecha digital, la infravivienda y los casos de discriminación y antigitanismo en las distintas dimensiones de la vida” (Introducción de la Estrategia).
Este anteproyecto de Ley de Familias olvida que existe “una importante brecha de desigualdad que separa a la población gitana del resto de la ciudadanía del Estado Español” (tal como se señalaba en la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020). Olvida que “de todas las poblaciones europeas, los gitanos son los que tienen mayores riesgos de ser pobres y permanecer al margen de la educación y del empleo” (Informe sobre la Infancia, UNESCO, 2010). Olvida que buena parte de las familias gitanas en España padecen una discriminación multidimensional, que abarca las principales dimensiones o ámbitos de la vida [plasmó unas mínimas pinceladas sobre algunas de estas discriminaciones]:
Discriminación racial en el acceso al trabajo: En torno al 50 % de los nuevos trabajos en nuestro país se consiguen por la red de informaciones e influencias familiares y de amistades. A esto hay que añadir el peso negativo de la estereotipia antigitana. Lo cual conlleva un “techo limitado de empleo” (John Ogbu) y una merma de todas las oportunidades vitales.
Discriminación racial en el acceso a la vivienda: A la escasez de política de la vivienda social y a la especulación inmobiliaria hay que unir la discriminación racial en el alquiler de la vivienda: estigmatización por la que se anticipa que “no pagarán, destrozarán y alborotarán” (Andalucía Acoge, 2022). En una reciente investigación se ha puesto de manifiesto que el 86 % de las inmobiliarias de Barcelona aceptan o facilitan el racismo en el alquiler (Ayuntamiento de Barcelona, 2021).
Discriminación escolar: Pese a ese impulso en los niveles escolares básicos, entre el alumnado gitano persisten unas altísimas tasas de fracaso escolar y, a pesar de cierta mejoría, sigue siendo muy escasa la presencia de estudiantes gitanos en educación secundaria postobligatoria y en la universidad (Fundación Secretariado Gitano, 2018). Además, hoy la mitad del alumnado gitano en España se encuentra escolarizado en centros guetizados (en los que solo hay alumnado gitano o de otras minorías étnicas) (Fundación Secretariado Gitano, 2022). España ocupa la antepenúltima posición entre los países europeos de la OCDE en cuanto a inclusión social de sus centros escolares, es decir, es el tercer país que más segrega a los alumnos según su renta familiar y etnia, solo detrás de Turquía y Lituania (Informe PISA, 2015). El gueto conlleva ausencia de convivencia con otros escolares no gitanos y carencia de referentes de alumnado con aspiraciones de continuidad escolar y tiende a alimentar la desconfianza de esas familias hacia el sistema escolar y supone un incumplimiento constitucional grave de los artículos 14, 27 y 9.2. de la Constitución Española, tal como ha denunciado el ex-Consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey en un detallado estudio (2021). Y así lo han denunciado en diversos informes, entre otras instituciones, el Defensor del Pueblo, el Procurador del Común de Castilla y León y el Síndic de Greuges de Cataluña. Además de una alta concentración de alumnado gitano en algunos centros, en el resto de los centros educativos una parte sustancial del alumnado gitano se ve sometida a segregación intra-centro, por la vía de la repetición de curso o la ubicación en “grupos de apoyo” o de “educación compensatoria”, etc., fuera de las aulas ordinarias. La repetición de curso está sesgada por clase social y etnia. El Informe Pisa de 2019 indica que “la mitad de los alumnos de origen social desfavorecido repiten” y que “el alumnado de origen social desfavorecido repite cinco veces más”. Por su parte, un informe de la OCDE de 2014 señala que “la repetición y la segregación no sólo son ineficaces para ayudar al alumnado con bajo rendimiento a superar sus dificultades en la escuela, sino que contribuyen a reforzar las desigualdades socioeconómicas”.
“Quien mayoritariamente sufre el fracaso escolar es el alumnado de rentas bajas, perteneciente a minorías étnicas, proveniente de otros países y las personas con discapacidad”, así como “aquellos cuyos padres han estudiado menos” (OCDE, 2013). Y, dada la trascendencia de las titulaciones académicas para el acceso al mundo laboral, el sistema educativo se configura para una parte sustancial del pueblo gitano –todavía hoy y en nuestra democrática sociedad– como un reproductor de la transmisión intergeneracional de la pobreza y de la exclusión social.
Es tremendamente insuficiente y adolece de un enfoque nada sistémico ni integral lo que plantea este anteproyecto de Ley de Familias de que “En todos los casos de menores en riesgo de abandono escolar temprano, las Administraciones Públicas competentes proporcionarán atención educativa específica, facilitando orientación personalizada y refuerzo educativo, así como atención psicológica, con el objetivo de reintegrarlos a la dinámica educativa, teniendo siempre en cuenta las opciones formativas más ajustadas a las características, intereses y expectativas de las personas menores de edad.” No se trata de casos aislados, a los que haya que “reintegrar” con “atención psicológica”… La situación de segregación urbanística, de vulnerabilidad económica y social y de segregación e inequidad escolares hacen que la desesperanza ante el sistema escolar y el fracaso y abandono escolares tempranos sean la tónica habitual de estas familias. Por eso, sin un plan serio para revertir esta injusticia cronificada toda esta Ley de Familias y sus nobles objetivos se quedará en papel mojado ante la marginación y segregación de tantas familias gitanas españolas. Urge sobremanera abordar la situación de los barrios guetizados y de las familias que en ellos viven. Y urge sobremanera un plan estatal de choque para el fomento de la inclusión, el éxito y la continuidad escolar del alumnado gitano, pues de lo contrario, los hijos e hijas de las familias en situación de exclusión tendrán muchísimas posibilidades de formar en un futuro próximo nuevas familias sumidas en la misma exclusión.
Porque el hecho de que centenares de miles de familias (muchas de ellas gitanas y/o inmigrantes) sufran segregación urbanística, vulnerabilidad económica y social, segregación y fracaso y abandono escolar tempranos de sus menores supone un incumpliendo flagrante del derecho a la equidad (art. 14 de la Constitución), del derecho a la inclusión educativa (art. 27 de la Constitución), así como de la protección social, económica y jurídica de las familias (art. 39 de la Constitución y de la obligación de los poderes públicos de corregir las desigualdades (art. 9.2 de la Constitución):mandatos constitucionales inexcusables, que esta nueva ley parece obviar en lo relativo a las familias gitanas y de origen inmigrante de tantos y tantos barrios y centros escolares segregados y sitiados por la marginación. Familias para las que esta Ley de Familias no ofrecerá ninguna esperanza de transformación.
Nota de La Fragua Projects: Reproducimos íntegramente este documento del compañero José Eugenio Abajo, que creemos muy necesario, desde la coincidencia plena con lo que plantea y con su consentimiento previo.
Entidades gitanas apuestan por abordar el abandono escolar temprano a través de la escucha de las necesidades y metas de adolescentes y jóvenes en contextos marcados por la segregación
Un 13,3% de estudiantes abandonaron en 2021 sus estudios antes de haber completado la etapa obligatoria. La tasa ha mejorado notablemente en la última década, reduciéndose prácticamente a la mitad. Frente a estas cifras, el sistema educativo todavía arrastra una gran falencia: la exclusión de algunos colectivos, un 63,7% del alumnado gitano abandona tempranamente sus estudios.
Para afrontar este tendencia excluyente desde las perspectiva de las niñas y jóvenes gitanas una alianza de asociaciones creó el proyecto [J]itana, una J que según sus promotoras apunta a poner en el centro la justicia social y reproductiva, y que une bajo ese propósito a diversas entidades gitanas de todo el Estado —la valenciana FAGA, la FAGIC en Catalunya, la Federación de Mujeres Gitanas Kamira, las asociaciones de mujeres Akherdi i Tromipen y Yilo, y la navarra Gaz Kalo— junto a la Universidad de Sevilla.
Daniela Miranda, investiga desde hace años, junto a activistas gitanas, cuestiones relativas a la justicia reproductiva y al empoderamiento de las mujeres en el pueblo gitano. La investigadora apunta que es a partir de las conversaciones informales con estas activistas, y desde las historias de vida de las mujeres cómo se puso en evidencia una deuda: “A nosotras nunca nos han preguntado por nuestros sueños”, explicaban. La investigadora reconoce que la universidad es un espacio atravesado por el antigitanismo, donde no se ha considerado a este Pueblo como generador de conocimiento. Por ello, en [J]itana: “recogemos evidencias conjuntamente con las organizaciones y con las mujeres. Queremos asegurarnos de que es una práctica reflexiva entre todas, compartiendo estos espacios de reflexión entre iguales, de forma horizontal”. Se trata, explica Miranda, de pensar en este “derecho a soñar”, de forma práctica. Los sueños son prioridades, y para conseguirlas se necesitan recursos. Por ello considera que lo que se aborda en la investigación debe traducirse en políticas públicas.
Para poder hablar de sueños y necesidades, Sandra Heredia, concejala en el Ayuntamiento de Sevilla y activista de Yilo, considera que es necesario generar espacios seguros no mixtos donde las niñas puedan “hablar en libertad de todas sus inquietudes”, o trabajar cuestiones complejas como la de los matrimonios tempranos al tiempo que abordan cómo les afecta el antigitanismo, y en particular, el antigitanismo de género. Heredia explica cómo para hablar de esos sueños propios, se centran mucho en que las facilitadoras sean gitanas, y en pensar en referentes “para que ellas conozcan otro modelo diferente de mujeres, otra realidad”. Para ello miran en su propio entorno, poniendo el foco en “mujeres referentes de su propio barrio, porque al final ser una mujer gitana no te convierte en un referente porque sí, necesitas referentes de tu día a día y de tu cotidianidad”.
“Cuando trabajamos con el tema de las referentes, apuntamos que conseguir tu objetivo laboral o tu sueño no te hace ser menos gitana si no poner en valor toda la potencialidad que tienes dentro de tu cultura y tu entorno inmediato”
Heredia incide en que, al contrario de lo que ciertos discursos antigitanos pueden pretender, no hay ninguna contradicción entre elegir el propio camino y pertenecer a tu familia y tu entorno. “Cuando trabajamos con el tema de los referentes, apuntamos que conseguir tu objetivo laboral o tu sueño no te hace ser menos gitana si no poner en valor toda la potencialidad que tienes dentro de tu cultura y tu entorno inmediato, combatimos el antigitanismo para que se vea la realidad y la diversidad que existe dentro de nuestro Pueblo”.
Para Celia Montoya, de La Fragua Projects el hecho de que los actores implicados sean en su mayoría gitanos es fundamental para que tenga potencial transformador: compartir códigos facilita entender las diversas situaciones que pueden afrontar las jóvenes. “Lo fundamental de todo es que aquí a las chicas no se les obliga a nada, ni se les dirige hacia ningún sitio, sino que lo que tratamos es de que vean qué hay fuera de su entorno. A una muchas veces es su entorno lo que la limita, te limita la visión de las cosas que quieres hacer o incluso tu propia autoestima, a dónde puedo llegar y dónde no. Y más, cuando las niñas viven en un entorno social que está guetizado, que tienen precariedades no solo económicas”.
La Fragua Projects —primera empresa social constituida por profesionales gitanos— es una de las entidades implicadas en el proyecto y ha tenido un rol fundamental en hacer incidencia política, trabajando para llevar a las participantes del proyecto al Congreso de los Diputados y el Ministerio de Derechos Sociales con el fin de trasladar las demandas recogidas por las niñas y adolescentes en los espacios de trabajo, en unas jornadas que organizaron el pasado septiembre.
En aquella ocasión habló Nayra, de ocho años, quien participó en el proyecto de la mano de la Federación de asociaciones gitanas de Navarra, Gaz Kalo. La niña habló de la necesidad de facilitar becas para el estudio. Nayra, que quiere ser futbolista, valora el proyecto en conversación con el Salto. “Hemos hablado de nuestros sueños: Tania quería ser peluquera —ahora no sé si ha cambiado, pues cambia de opinión de un día para otro, ríe—, Laura quería ser psicóloga… este espacio nos ha dado la posibilidad de hablar entre nosotras de qué queremos y cómo lo podemos conseguir”.
Maria Jesús es la madre de Nayra, y también ha ejercido como facilitadora en Gaz Kalo. Hace un repaso de las actividades en las que han participado las niñas, que van desde talleres de fotografía orientados a hablar de emociones, conversaciones sobre qué personas son importantes para ellas, o un viaje conjunto, decidido por ellas mismas, a Senda Viva, un parque natural de Navarra. Las actividades, como esta en Senda Viva, incluían a las familias, especialmente a las madres, algo que desde el proyecto se considera vital.
La perspectiva intergeneracional permite también ahondar en algo que Montoya ve claro: “no hay ninguna contradicción entre tradición y avance. Para mí, una de las mejores formas de luchar contra el antigitanismo es apoyar a personas gitanas, tanto hombres y mujeres empoderadas, capacitadas para poder exigir sus derechos porque los conocen y que trabajen en cosas que les gustan y que les hagan vivir lo mejor posible”. Pese a que en muchas ocasiones se estigmatiza al entorno familiar para explicar el abandono escolar, Montoya invita a ampliar la mirada. “Se minusvalora al alumnado gitano, ya en el ámbito educativo se tienen muchos prejuicios. Yo creo que el profesorado también tiene que deconstruirse y formarse, y darse cuenta de hasta dónde llega el racismo”. En todo caso, apunta, se trata de algo tan básico como garantizar a todas las personas el acceso a derechos humanos.
Y es que el entorno es mucho más que la familia, defiende Montoya, que como todas las familias pueden ser conservadoras y machistas o pueden no serlo. Estudiar en un colegio guetizado en un barrio guetizado, o en zonas rurales sin muchas oportunidades, “la sociedad que te rodea, la gente del cole, cómo te tratan en las tiendas”, todo eso forma parte del entorno, apunta la integrante de La Fragua Projects.
“Se minusvalora al alumnado gitano, ya en el ámbito educativo se tienen muchos prejuicios. Yo creo que el profesorado también tiene que deconstruirse y formarse, y darse cuenta de hasta dónde llega el racismo”
Antigitanismo o falta de oportunidades, Heredia trae a colación un caso práctico de uno de los barrios sevillanos donde trabajan, Torreblanca. “En el instituto al que van no tienen la oferta educativa que tienen en otro instituto, por ponerte un ejemplo muy concreto: muchas niñas quieren hacer estudios de estética y peluquería, pero en su centro educativo no existe esa opción. Ahí lo que llevamos es esta demanda para que en este centro incorporen esta formación para que las niñas no abandonen los estudios y al final se puedan formar en algo que ellas realmente quieren”.
La lucha por una mejora del sistema educativo que tenga en cuenta las demandas de este alumnado, son pasos imprescindibles para encarar este problema: “Al final lo que vamos trabajando también, junto con la comunidad educativa — estamos recibiendo un gran apoyo de su lado— es que ellas se sientan escuchadas por todas las partes”, explica Heredia. La cuestión de la guetización no se reduce a lo escolar, apunta, y fuera de las aulas se suman otras demandas: “Por poner un ejemplo, en Polígono Sur tienen que andar casi dos kilómetros hasta una cafetería para juntarse con las amigas a tomarse un café”. Frente al abandono de las instituciones, las chicas propopen autobuses más frecuentes al centro, bibliotecas para estudiar, o actividades de ocio por la tarde.
Desde la universidad, Miranda considera que la mezcla de entidades de distinto tipo le ha dado mucha potencia al proyecto. Desde La Fragua Projects y su experiencia en la lucha contra el antigitanismo y de incidencia política, a Gaz Kalo, que cuenta con una forma de trabajo muy desde local, a Yilo, en Sevilla “yo he construido mi identidad como investigadora y como feminista con ellas”.
Para Sandra Heredia, este tipo de alianzas “es también abogar por otro tipo de modelo asociativo del mundo gitano, que al final no sea solamente de prestación de servicios o asistencialismo”, un proceso “empoderador” que busca, reflexiona Heredia, “implicar al mismo nivel a todos los agentes que están conectados en la transformación real en sus propios barrios”. Más allá de posibilitar la escucha, y que las niñas y adolescentes puedan acceder a las asociaciones de barrio, centros educativos o instituciones, se trata de que el proyecto sea un “espacio de decisión”, y ahí cobra especial sentido, tanto las intervenciones ante el ayuntamiento de Sevilla o el Parlamento andaluz, como la visita a Madrid que “sirvió para llevar a la instituciones las demandas reales. Las propias mujeres, cuando intervenían en el Ministerio y en el Congreso hablaban de la realidad de su barrio. Polígono Sur es el barrio más pobre de todo el Estado Español, las mujeres querían saber en qué se destinan los fondos públicos que se dirigen a sus barrios”.
María Jesús y Nayra reconstruyen qué se dijo ahí sobre las necesidades expresadas durante el proyecto “acceso a becas de estudio, oportunidades laborales, que se sientan apoyadas por las personas que las rodean, como es el centro educativo, la familia y la sociedad en general” apunta la madre. Para la hija, que habló desde la tribuna, se trata de “ayudar a que otras niñas puedan hacer lo que ellas quieren, que no piensen que no lo pueden hacer”. Comprender, concluye Montoya, que “tienes todo el derecho de decir lo que tú tengas que decir, porque eres una persona y tienes derechos”.
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