23 May 2022 | Iñaki Vázquez Arencón
Documento enviado a los miembros de la Subcomisión del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano del Congreso de los Diputados, con motivo de la comparecencia de Iñaki Vázquez Arencón, el 25 de mayo de 2022
Me gustaría poner sobre la mesa es la brecha económica antigitana existente, así como la falta de transparencia en la asignación de fondos europeos.
En el marco europeo de estrategias nacionales de Integración del Pueblo Gitano hasta 2020, la Unión europea diseñó diferentes instrumentos financieros (especialmente los Fondos Estructurales y el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural) que sumaban un monto total de 26.500 millones de euros dirigidos a complementar la aportación de los Estados miembro en materia de integración social, donde quedaba incluida la población gitana.
Tal y como recogía la propia estrategia, uno de los pilares fundamentales que la Comisión proponía para garantizar el éxito de las estrategias nacionales, era el establecimiento de un sistema serio de supervisión que incluyera baremos claros dirigidos a determinar si las inversiones económicas realmente llegan a la población gitana. A día de hoy este baremo sigue sin existir.
En este contexto de Fondos Europeos, existe la Red Europea para la Inclusión Social de la Población Gitana en el Marco de los Fondos Estructurales (Red EURoma). En esta Red hay varios países, pero está liderada por España, concretamente por la UAFSE, que es la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Ayuda Europea a las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). La secretaría técnica de EURoma la ostenta la Fundación Secretariado Gitano (FSG), que como todos ustedes saben es una organización progitana. ¿Saben cuántas organizaciones gitanas españolas forman parte de la red? Cero.
En este sentido, proponemos que se establezca un sistema democrático que permita que esa secretaría técnica vaya rotando por diferentes organizaciones gitanas, ya que esos fondos son para las personas gitanas. Es necesario democratizar este ámbito y poner absoluta transparencia en cómo se asignan esos fondos, a quién, para qué y porqué.
Es un hecho que existe una discriminación antigitana en el acceso a los recursos tanto económicos como materiales. Esta situación se convierte en un círculo vicioso, es un pez que se muerde la cola, de tal manera que las organizaciones no gitanas organizan recursos de millones de euros mientras que las organizaciones gitanas no se acercan ni a un 1% de esa cantidad. Sin embargo, hacemos el mismo trabajo en los barrios, y a veces, permítanme que lo diga señorías, con mejores resultados. Porque no es igual la empatía y la seguridad que las asociaciones gitanas transmiten hacia las personas gitanas en primera persona, exactamente de la misma manera que no es igual la empatía y la seguridad que siente una mujer víctima de violencia que se acerca a una organización feminista donde la atienden mujeres en lugar de varones. Hablamos de que esta discriminación impide a la sociedad civil gitana organizarse por sí misma en igualdad de condiciones.
¿Por qué ocurrirá eso pensarán sus señorías? Pues no tengo respuestas demasiado concretas para ello porque las instituciones, que son realmente las responsables de esta discriminación en la asignación de fondos, no han realizado aún ningún estudio de impacto y sobretodo oficial en este sentido. Sin embargo, puedo darles unos datos:
El Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Integración Social y Económica del Pueblo Romaní en Europa emitido tras el 87º pleno del Comité de las Regiones el 1 y 2 de diciembre de 2010, en su punto N.º 13 reconoce que , cito textualmente “no faltan fondos europeos utilizables para el desarrollo de programas de inclusión de los romaníes (…) pero señala que no se aprovechan de manera suficiente y continuada a nivel nacional, regional y local, y que un obstáculo para su utilización es también la escasa implicación de la comunidad romaní en los proyectos, en cierta medida porque no siempre se organiza por sí misma ni es capaz de ser sujeto activo de la sociedad civil”
¿Qué pensaría sus señorías si la Unión Europea les dijera que “existen suficientes fondos para erradicar la violencia machista pero que el problema de que siga existiendo es que las mujeres no aprovechan los fondos porque no se implican, ni están organizadas ni son capaces de ser sujetos activos de la sociedad civil”? Como mínimo sonaría paternalista.
La realidad señorías, es que como habrán podido observar ustedes en el desarrollo de esta subcomisión, la sociedad civil gitana está absolutamente implicada, se organiza por sí misma y es meridianamente capaz de ser sujetos activos de la sociedad civil. Llevamos haciéndolo más de 40 años.
Señorías, en nuestra organización tenemos un dicho: “nada para el Pueblo Gitano sin contar con el Pueblo Gitano”, por eso desde aquí les pedimos que una de las medidas económicas que debe recoger el dictamen de esta Subcomisión es la de realizar un estudio oficial que rinda cuentas sobre la brecha económica antigitana en el acceso a la financiación pública y que diseñe un protocolo de igualdad de trato que incluya una mirada interseccional para impedir la discriminación económica a las organizaciones gitanas.
Pero además la petición de la inclusión de estas medidas, solicitamos algo que mañana mismo los grupos parlamentarios de esta cámara pueden realizar sin problema y es registrar una pregunta dirigida a la UAFSE para que determine de manera desagregada y pormenorizada cuáles han sido los recursos asignados a/para/y mientras se desarrollaba la Estrategia Nacional de Integración del Pueblo Gitano 2012-2020 y las organizaciones e instituciones a las que han sido asignados, y si es posible que se incluyan también los mismos datos desde 2020 a 2022. Mejor aún, solicítenle que lo haga de manera regular siempre.
Autor: Iñaki Vázquez Arencón
Motivo: Comparecencia en la Subcomisión del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano en el Congreso de los Diputados el 25 de mayo de 2022.
2 May 2022 | El Salto
La negociación de la Ley de igualdad de trato trajo la semana pasada una conquista para el pueblo gitano: la aprobación de una enmienda que introducía el Antigitanismo en el Código Penal. La también conocida como ley Zerolo está pendiente del dictamen de la mesa del Congreso para seguir su tramitación hacia el Senado
“Estamos muy contentos pero estamos reventados”, así de franca hablaba Patricia Caro Maya, activista por los derechos gitanos, y excandidata al Parlamento Europeo por Unidas Podemos, el pasado viernes con el Salto, que un par de día atrás se apuntaba una conquista: El antigitanismo entrará en el código penal, o al menos se dieron los primeros pasos para que esto sucediera, un avance que no daban por descontado: “Se lo arrancamos al PSOE de último momento. Llevamos tres años negociando esto, más el tiempo que lo hemos trabajado fuera y es como que ahora nos ha entrado el cansancio, como cuando te quitas el peso de encima”.
Son tres años en efecto los que venían peleando porque el antigitanismo dejara de ser impune de la mano de la ley de igualdad de trato, conocida como ley Zerolo al ser el diputado del PSOE quien primero apuntó a la necesidad de legislar en la protección de las minorías. No fue hasta 2021, cuando finalmente el PSOE registró el proyecto de ley que plantea aprobar en esta legislatura.
La ley integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que legisla contra la discriminación “por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, sigue adelante en su tramitación, incorporando algunas enmiendas transaccionales como la inclusión del antigitanismo en el código penal. Así por primera el antigitanismo estará tipificado como un delito, que conllevará una pena de uno a cuatro años de prisión.
“Al meter esta modificación del Código Penal tiene que pasar a la mesa del Congreso y la mesa tiene que dictaminar, tiene que decidir entre dos opciones: una de dos, o hace que la ley entera sea orgánica o solamente será orgánica para algunos artículos y los otros se quedan en rango administrativo”, explica Caro, que prevé que la mesa del congreso, que debe tomar esa decisión, lo haga el próximo martes. Al ser la ley orgánica, apunta, necesita los votos de tres quintos del Congreso para pasar al Senado.
No puede ser que la igualdad de trato entre mujeres y hombres, payos y payas sea una cuestión de derechos fundamentales, que por eso la ley es orgánica, y la igualdad que viene a regir otro tipo de categorías no lo sea.
A pesar de que se haya complicado el proceso Caro considera que era central defender que la norma deviniera orgánica: “nosotros decíamos no puede ser que la igualdad de trato entre mujeres y hombres, payos y payas sea una cuestión de derechos fundamentales, que por eso la ley es orgánica, y la igualdad que viene a regir otro tipo de categorías no lo sea. Porque entonces estás institucionalizando derechos de segunda”, defiende la diputada.
Patricia Caro contesta con su compañero de partido, Ismael Cortés, al lado. Este investigador, diputado de En Comú Podem-Guanyem el Canvi, desde 2019, lleva una década luchando contra el antigitanismo, primero desde Europa y ahora en el Congreso. “Es una alegría indescriptible y que me viene de sorpresa porque hasta el último segundo yo no sabía realmente que era una modificación que se iba a producir y que iba a ser aceptada por el resto de grupos de la Cámara, realmente por los dos grandes grupos, del Partido Popular y Grupo Socialista”, explica Cortés, que si bien argumenta que había buena sintonía con el PSOE, la misma no ha estado libre de incertidumbre hasta que se revelase la incógnita “prácticamente en el último segundo antes de que se convocara la votación en la Comisión”.
No es la primera vez que desde el grupo parlamentario intentan introducir este cambio, ya en la legislatura anterior trabajaron en este sentido pero la propuesta no pasó con los votos en contra de PSOE y PP. El contexto sin embargo ha cambiado, y eso, considera el diputado, se ha hecho notar: “este año impulsamos una subcomisión entera específica para hablar del tema de la antigitanismo y ahí absolutamente todos los ponentes que han venido, independientemente del grupo político que los haya propuesto, todos han pedido la inclusión del antigitanismo en el Código Penal”.
Reparación
Así, la inclusión del antigitanismo dentro del artículo 22.4, que es el agravante por delitos de discriminación y el 510 que son los delitos de odio, supone una gran victoria, pues implica el reconocimiento legal de que existe “una discriminación específica contra el pueblo gitano, que no es de ahora, que dura más de 600 años”, apunta Caro, para quien esta medida cuenta con un impacto en la “autoestima colectiva del pueblo gitano”. Es para esta activista una cuestión de justicia. Que además permite que las personas gitanas “retomen la confianza en las instituciones, que se den cuenta de que la participación política importa”.
“El activismo gitano ha estado muy pendiente también ejerciendo una presión sobre las propias primas y los primos diputados y también desde la calle”
E importa, es fundamental para la ecuación, considera Celia Montoya, el activismo gitano. Esta actriz y activista, actualmente en La Fragua Projects, considera que los diputados gitanos en el Congreso (el propio Cortés, pero también la diputada Beatriz Carrillo del PSOE y Sara Giménez de Ciudadanos) han cumplido, trasladando a las instituciones una demanda que el movimiento reclamaba desde hace tiempo. “El activismo gitano ha estado muy pendiente también ejerciendo una presión sobre las propias primas y los primos diputados y también desde la calle”, muertes como las Eleazar o Manuel Fernández han mostrado la cara más dura del antigitanismo pero también han sido un revulsivo para la movilización en los últimos años.
El amplio acuerdo entre los grupos parlamentarios deja también otro mensaje fundamental para Caro: “A veces, en la política es necesario poner las medidas por encima de los colores políticos, cuando esas medidas son para el bien común de la gente”. Y es que salvo VOX, que se abstuvo, todos los grupos votaron a favor. Caro piensa que cuando la normartiva pase al pleno votará en consecuencia, pues aunque se permita mostrar disidencia en la subcomisión. “No tienen narices de decir que no a esto”.
“En los últimos años hubo un movimiento, una organización del desencanto”, es entonces, explica Montoya, “cuando se empieza a hablar de introducir el antigitanismo en el Código Penal”, la integrante de la Fragua ve en su consecución dos dimensiones: una tiene que ver con la sensación de que se ha hecho justicia, la otra con que percibe la entrada del antigitanismo en el código penal como una herramienta útil. “No se consigue la panacea, pero sí que es el inicio de un camino que creo que es imparable. En la lucha contra el antigitanismo es como si se hubiese acelerado la rueda: en pocos años se han conseguido grandes cosas”. Para esta activista este cambio obrado en la última década tiene que ver con una claridad mayor a la hora de conocer los propios derechos y exigir su respeto. “Esto es algo emocionante”.
Fuente: El Salto
Autora: Sarah Babiker
