La comunidad rom, gitana o zíngara conmemoró, el pasado 16 de mayo, el Día de la Resistencia del Pueblo Romaní en recuerdo del levantamiento armado que protagonizaron contra el intento de exterminio llevado a cabo por los nazis alemanes y austríacos durante la Segunda Guerra Mundial.
Con el creciente murmullo de los discursos de odio y de expresiones políticas explícitamente racistas, las y los gitanos, como las personas migrantes y otras minorías, son el enemigo de las nuevas-viejas derechas.
Se calcula que les gitanes comenzaron a rodar en sus carretas desde la India en algún momento entre el siglo VI y el XI. Concibieron el mundo como patria y al otro -cualquiera fuere- como compatriota, y desde entonces han sido objeto de persecuciones, exilios, marginación y pobreza estructural, además de severos intentos de exterminio y discriminaciones que duran hasta hoy.
Sobre la resistencia del pueblo romaní, sus resiliencias, sus diversidades y perspectivas, La tinta dialogó con el activista gitano LGTBIQ+, Iñaki Vázquez Arencón, del colectivo La Fragua Projects.
En primer lugar, me gustaría conocer un poco tu trayectoria, ¿cómo y desde cuando abrazas tu identidad gitana y la conviertes en un espacio de militancia y lucha?
Desde siempre, en mi familia, abrazamos nuestra identidad con mucho orgullo y pasión. De hecho, mis padres emigraron en su momento a Alemania y luego regresaron a España, aunque no a su Extremadura de origen, sino que se instalaron en Cataluña. Eso hizo que los lazos familiares estuvieran muy lejos, había mucha distancia entre cada lugar y eso fue generando un relato casi mitificado sobre nuestro andar.
Por otro lado, yo comencé en el activismo gitano también fruto de mis otros intereses sociales, sindicales, ecologistas, políticos y especialmente en el colectivo LGTBIQ+. En 2005, fui portavoz de una de las organizaciones LGTB+ de Tarragona, llamada H2O. Aunque mi actividad en pro de la comunidad gitana comenzó hace 25 años, esta era, de alguna manera, una militancia tangencial que, al final, se intersectó con mis otros intereses.
Imágen: Álvaro Minguito.
A propósito de la efemérides del 16 de mayo, el Día de la Resistencia es relativamente desconocido o poco respaldado por las instituciones no gitanas, ¿a qué se debe? ¿Qué podés contar sobre el episodio que se conmemora?
Es cierto que el Día de la Resistencia Gitana es desconocido todavía comparado con el 8 de abril, fecha en que se conmemora el primer Congreso Internacional Gitano. Sin embargo, en la última década, estamos viendo cómo el esfuerzo que hacemos por poner en el calendario nuestras fechas más señaladas comienza a dar sus frutos.
El día de la Resistencia Romaní conmemora la jornada en que resistimos como pueblo frente a los escuadrones de la muerte de las SS. En aquel momento, como los gitanos presentaban mucha resistencia, decidieron encerrar a todas las familias en el mismo pabellón, concretamente, el número 13 de Auschwitz-Birkenau. El 16 de mayo de 1944, estaba dispuesto que murieran todos en las cámaras de gas. Algunos gitanos se enteraron, se armaron con palos y piedras, y se enfrentaron a sus verdugos. Es importante mencionar que ese levantamiento evitó que fueran asesinados en el momento, aunque finalmente serían gaseados dos meses después, en lo que se conoce en el mundo gitano como Porrajmos “Devoración” o Samudaripen.
La fecha tiene una especial relevancia porque evidencia por qué el pueblo gitano sigue vivo. Es un pueblo fuerte, resistente y resiliente. Ese es el día de nuestros héroes y por eso, desde La Fragua Projects, creemos que es el día más importante del calendario del pueblo gitano.
Vivimos un momento de ascenso de los discursos de odio y de la extrema derecha. ¿Qué significación tiene hoy el 16 de mayo a la luz de estos fenómenos? ¿Qué te pasa a vos como gitano español cuando escuchás las opiniones de Vox en el parlamento?
Nos parece profundamente peligroso. Nosotros hemos vivido en propia carne las consecuencias de lo que pasa cuando la extrema derecha llega al poder. Hemos compartido las cámaras de gas con el pueblo judío, con la comunidad LGTBIQ+ y con otras minorías perseguidas.
El discurso de Vox es profundamente racista, aunque hay que señalar que tienen una táctica discursiva particular con respecto a los gitanos: se cuidan especialmente de desarrollar posturas específicamente antigitanas, porque, en su “ideario”, los gitanos somos españoles y ellos defienden esta concepción rancia de la españolidad como un todo.
A pesar de esta pirueta discursiva, no nos dejamos confundir y detectamos que el fascismo está ganando terreno en toda Europa e inoculando el odio hacia cualquiera que sea diferente. Si bien Vox no apunta directamente contra los gitanos que tenemos nacionalidad española, sí es muy beligerante con nuestros hermanos rumanos, búlgaros o ucranianos donde la comunidad gitana es víctima de esta mirada racista y fascista.
Aprovecho la mención a Ucrania para señalar que, desde La Fragua Projects, venimos haciendo continuos llamamientos a la Unión Europea para que garantice los derechos humanos también para la comunidad gitana ucraniana, que arrastra años de discriminación desde antes de la guerra.
Fuiste portavoz de la asociación LGTBIQ+ “H2O”. ¿Existen colectivos de la diversidad sexual y de género dentro del mundo gitano? ¿Hay doble discriminación contra les romaníes que, además, son parte del colectivo LGBTIQ+?
Por un lado, hay que decir que las categorías LGTBIQ+ nos incomodan un poco. Creemos que son conceptos blancos, que de alguna manera tienen una relación compleja con la comunidad gitana. Como personas racializadas, preferimos utilizar el término disidencia sexual y de género.
A lo largo de la historia, han habido muchos referentes de la comunidad gitana que se identificaron e identifican con la diversidad sexual y de género. De hecho, una de las organizadoras de la primera Marcha del Orgullo de Barcelona era una mujer transexual gitana llamada Miryam Amaya. Actualmente, en España, hay varias organizaciones LGTBI+ gitanas como Ververipen, que en romaní quiere decir “diversidad”.
Por otro lado, sí existe esa doble discriminación, que además es transversal y que fundamentalmente viene del conjunto de la sociedad, no necesariamente desde dentro de la comunidad gitana.
Por último, los prejuicios antigitanos sugieren que el mundo romaní está construido alrededor de las figuras masculinas, que es un mundo patriarcal y machista. ¿Qué podés contar sobre los feminismos gitanos?
Como me considero un hombre aliado de la lucha feminista gitana y del feminismo en general, lo primero que te diría es que no me toca a mí hablar de esto. Me interesa estar al lado de sus decisiones y discusiones, pero al lado, no por delante.
Los gitanos vivimos en un mundo machista y masculino en el sentido negativo del término, pero no mucho más del que habita la sociedad en general. Al pueblo gitano, como a todos, nos atraviesan también discriminaciones internas. Obviamente, no las defiendo, pero hay algo de prejuicio en pensar que el patriarcado es especialmente patrimonio gitano.
Quien observa que el pueblo gitano está solamente construido alrededor de las figuras masculinas y patriarcales se está dejando llevar por un prejuicio proyectado desde un lugar de negación de la alteridad y por un profundo desconocimiento del funcionamiento de las familias gitanas.
Es evidente que las sociedades han evolucionado en su opinión sobre los derechos de las mujeres y es saludable, pero, desde este nuevo contexto histórico, se señala a los gitanos y a los colectivos racializados. Hace apenas un siglo, era justamente al revés: se consideraba que los gitanos éramos una suerte de bestias sexuales por nuestra apertura en ese terreno y se nos discriminaba por eso.
Por supuesto, no niego la existencia de dinámicas machistas, pero estas no están en el mundo gitano en mayor cuantía que en cualquier otro ámbito de la sociedad. De hecho, el último estudio de la Fundación Kamira sobre masculinidades hegemónicas en la comunidad gitana indica que la relación de los varones gitanos con la violencia machista es la misma que habita en otras masculinidades no gitanas.
Documento enviado a los miembros de la Subcomisión del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano del Congreso de los Diputados, con motivo de la comparecencia de Iñaki Vázquez Arencón, el 25 de mayo de 2022
Me gustaría poner sobre la mesa es la brecha económica antigitana existente, así como la falta de transparencia en la asignación de fondos europeos.
En el marco europeo de estrategias nacionales de Integración del Pueblo Gitano hasta 2020, la Unión europea diseñó diferentes instrumentos financieros (especialmente los Fondos Estructurales y el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural) que sumaban un monto total de 26.500 millones de euros dirigidos a complementar la aportación de los Estados miembro en materia de integración social, donde quedaba incluida la población gitana.
Tal y como recogía la propia estrategia, uno de los pilares fundamentales que la Comisión proponía para garantizar el éxito de las estrategias nacionales, era el establecimiento de un sistema serio de supervisión que incluyera baremos claros dirigidos a determinar si las inversiones económicas realmente llegan a la población gitana. A día de hoy este baremo sigue sin existir.
En este contexto de Fondos Europeos, existe la Red Europea para la Inclusión Social de la Población Gitana en el Marco de los Fondos Estructurales (Red EURoma). En esta Red hay varios países, pero está liderada por España, concretamente por la UAFSE, que es la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Ayuda Europea a las Personas más Desfavorecidas (FEAD) y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG). La secretaría técnica de EURoma la ostenta la Fundación Secretariado Gitano (FSG), que como todos ustedes saben es una organización progitana. ¿Saben cuántas organizaciones gitanas españolas forman parte de la red? Cero.
En este sentido, proponemos que se establezca un sistema democrático que permita que esa secretaría técnica vaya rotando por diferentes organizaciones gitanas, ya que esos fondos son para las personas gitanas. Es necesario democratizar este ámbito y poner absoluta transparencia en cómo se asignan esos fondos, a quién, para qué y porqué.
Es un hecho que existe una discriminación antigitana en el acceso a los recursos tanto económicos como materiales. Esta situación se convierte en un círculo vicioso, es un pez que se muerde la cola, de tal manera que las organizaciones no gitanas organizan recursos de millones de euros mientras que las organizaciones gitanas no se acercan ni a un 1% de esa cantidad. Sin embargo, hacemos el mismo trabajo en los barrios, y a veces, permítanme que lo diga señorías, con mejores resultados. Porque no es igual la empatía y la seguridad que las asociaciones gitanas transmiten hacia las personas gitanas en primera persona, exactamente de la misma manera que no es igual la empatía y la seguridad que siente una mujer víctima de violencia que se acerca a una organización feminista donde la atienden mujeres en lugar de varones. Hablamos de que esta discriminación impide a la sociedad civil gitana organizarse por sí misma en igualdad de condiciones.
¿Por qué ocurrirá eso pensarán sus señorías? Pues no tengo respuestas demasiado concretas para ello porque las instituciones, que son realmente las responsables de esta discriminación en la asignación de fondos, no han realizado aún ningún estudio de impacto y sobretodo oficial en este sentido. Sin embargo, puedo darles unos datos:
El Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Integración Social y Económica del Pueblo Romaní en Europa emitido tras el 87º pleno del Comité de las Regiones el 1 y 2 de diciembre de 2010, en su punto N.º 13 reconoce que , cito textualmente “no faltan fondos europeos utilizables para el desarrollo de programas de inclusión de los romaníes (…) pero señala que no se aprovechan de manera suficiente y continuada a nivel nacional, regional y local, y que un obstáculo para su utilización es también la escasa implicación de la comunidad romaní en los proyectos, en cierta medida porque no siempre se organiza por sí misma ni es capaz de ser sujeto activo de la sociedad civil”
¿Qué pensaría sus señorías si la Unión Europea les dijera que “existen suficientes fondos para erradicar la violencia machista pero que el problema de que siga existiendo es que las mujeres no aprovechan los fondos porque no se implican, ni están organizadas ni son capaces de ser sujetos activos de la sociedad civil”? Como mínimo sonaría paternalista.
La realidad señorías, es que como habrán podido observar ustedes en el desarrollo de esta subcomisión, la sociedad civil gitana está absolutamente implicada, se organiza por sí misma y es meridianamente capaz de ser sujetos activos de la sociedad civil. Llevamos haciéndolo más de 40 años.
Señorías, en nuestra organización tenemos un dicho: “nada para el Pueblo Gitano sin contar con el Pueblo Gitano”, por eso desde aquí les pedimos que una de las medidas económicas que debe recoger el dictamen de esta Subcomisión es la de realizar un estudio oficial que rinda cuentas sobre la brecha económica antigitana en el acceso a la financiación pública y que diseñe un protocolo de igualdad de trato que incluya una mirada interseccional para impedir la discriminación económica a las organizaciones gitanas.
Pero además la petición de la inclusión de estas medidas, solicitamos algo que mañana mismo los grupos parlamentarios de esta cámara pueden realizar sin problema y es registrar una pregunta dirigida a la UAFSE para que determine de manera desagregada y pormenorizada cuáles han sido los recursos asignados a/para/y mientras se desarrollaba la Estrategia Nacional de Integración del Pueblo Gitano 2012-2020 y las organizaciones e instituciones a las que han sido asignados, y si es posible que se incluyan también los mismos datos desde 2020 a 2022. Mejor aún, solicítenle que lo haga de manera regular siempre.
Autor: Iñaki Vázquez Arencón Motivo: Comparecencia en la Subcomisión del Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo Gitano en el Congreso de los Diputados el 25 de mayo de 2022.
L´ajuntament de Maó s´ha adherit aquest any a la celebració del dia de la resistència del poble gitano que s´ha celebrat avui. La commemoració ha tingut lloc aquest dilluns començant per penjar una bandera romaní a la façana de l'edifici institucional per seguir després amb altres activitats. Pots escoltar l'entrevista amb l'activista del poble romaní i membre de La Fragua Projects, Iñaki Vázquez.
La negociación de la Ley de igualdad de trato trajo la semana pasada una conquista para el pueblo gitano: la aprobación de una enmienda que introducía el Antigitanismo en el Código Penal. La también conocida como ley Zerolo está pendiente del dictamen de la mesa del Congreso para seguir su tramitación hacia el Senado
“Estamos muy contentos pero estamos reventados”, así de franca hablaba Patricia Caro Maya, activista por los derechos gitanos, y excandidata al Parlamento Europeo por Unidas Podemos, el pasado viernes con el Salto, que un par de día atrás se apuntaba una conquista: El antigitanismo entrará en el código penal, o al menos se dieron los primeros pasos para que esto sucediera, un avance que no daban por descontado: “Se lo arrancamos al PSOE de último momento. Llevamos tres años negociando esto, más el tiempo que lo hemos trabajado fuera y es como que ahora nos ha entrado el cansancio, como cuando te quitas el peso de encima”.
Son tres años en efecto los que venían peleando porque el antigitanismo dejara de ser impune de la mano de la ley de igualdad de trato, conocida como ley Zerolo al ser el diputado del PSOE quien primero apuntó a la necesidad de legislar en la protección de las minorías. No fue hasta 2021, cuando finalmente el PSOE registró el proyecto de ley que plantea aprobar en esta legislatura.
La ley integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que legisla contra la discriminación “por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, situación socioecónomica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, sigue adelante en su tramitación, incorporando algunas enmiendas transaccionales como la inclusión del antigitanismo en el código penal. Así por primera el antigitanismo estará tipificado como un delito, que conllevará una pena de uno a cuatro años de prisión.
“Al meter esta modificación del Código Penal tiene que pasar a la mesa del Congreso y la mesa tiene que dictaminar, tiene que decidir entre dos opciones: una de dos, o hace que la ley entera sea orgánica o solamente será orgánica para algunos artículos y los otros se quedan en rango administrativo”, explica Caro, que prevé que la mesa del congreso, que debe tomar esa decisión, lo haga el próximo martes. Al ser la ley orgánica, apunta, necesita los votos de tres quintos del Congreso para pasar al Senado.
No puede ser que la igualdad de trato entre mujeres y hombres, payos y payas sea una cuestión de derechos fundamentales, que por eso la ley es orgánica, y la igualdad que viene a regir otro tipo de categorías no lo sea.
A pesar de que se haya complicado el proceso Caro considera que era central defender que la norma deviniera orgánica: “nosotros decíamos no puede ser que la igualdad de trato entre mujeres y hombres, payos y payas sea una cuestión de derechos fundamentales, que por eso la ley es orgánica, y la igualdad que viene a regir otro tipo de categorías no lo sea. Porque entonces estás institucionalizando derechos de segunda”, defiende la diputada.
Patricia Caro contesta con su compañero de partido, Ismael Cortés, al lado. Este investigador, diputado de En Comú Podem-Guanyem el Canvi, desde 2019, lleva una década luchando contra el antigitanismo, primero desde Europa y ahora en el Congreso. “Es una alegría indescriptible y que me viene de sorpresa porque hasta el último segundo yo no sabía realmente que era una modificación que se iba a producir y que iba a ser aceptada por el resto de grupos de la Cámara, realmente por los dos grandes grupos, del Partido Popular y Grupo Socialista”, explica Cortés, que si bien argumenta que había buena sintonía con el PSOE, la misma no ha estado libre de incertidumbre hasta que se revelase la incógnita “prácticamente en el último segundo antes de que se convocara la votación en la Comisión”.
No es la primera vez que desde el grupo parlamentario intentan introducir este cambio, ya en la legislatura anterior trabajaron en este sentido pero la propuesta no pasó con los votos en contra de PSOE y PP. El contexto sin embargo ha cambiado, y eso, considera el diputado, se ha hecho notar: “este año impulsamos una subcomisión entera específica para hablar del tema de la antigitanismo y ahí absolutamente todos los ponentes que han venido, independientemente del grupo político que los haya propuesto, todos han pedido la inclusión del antigitanismo en el Código Penal”.
Reparación
Así, la inclusión del antigitanismo dentro del artículo 22.4, que es el agravante por delitos de discriminación y el 510 que son los delitos de odio, supone una gran victoria, pues implica el reconocimiento legal de que existe “una discriminación específica contra el pueblo gitano, que no es de ahora, que dura más de 600 años”, apunta Caro, para quien esta medida cuenta con un impacto en la “autoestima colectiva del pueblo gitano”. Es para esta activista una cuestión de justicia. Que además permite que las personas gitanas “retomen la confianza en las instituciones, que se den cuenta de que la participación política importa”.
“El activismo gitano ha estado muy pendiente también ejerciendo una presión sobre las propias primas y los primos diputados y también desde la calle”
E importa, es fundamental para la ecuación, considera Celia Montoya, el activismo gitano. Esta actriz y activista, actualmente en La Fragua Projects, considera que los diputados gitanos en el Congreso (el propio Cortés, pero también la diputada Beatriz Carrillo del PSOE y Sara Giménez de Ciudadanos) han cumplido, trasladando a las instituciones una demanda que el movimiento reclamaba desde hace tiempo. “El activismo gitano ha estado muy pendiente también ejerciendo una presión sobre las propias primas y los primos diputados y también desde la calle”, muertes como las Eleazar o Manuel Fernández han mostrado la cara más dura del antigitanismo pero también han sido un revulsivo para la movilización en los últimos años.
El amplio acuerdo entre los grupos parlamentarios deja también otro mensaje fundamental para Caro: “A veces, en la política es necesario poner las medidas por encima de los colores políticos, cuando esas medidas son para el bien común de la gente”. Y es que salvo VOX, que se abstuvo, todos los grupos votaron a favor. Caro piensa que cuando la normartiva pase al pleno votará en consecuencia, pues aunque se permita mostrar disidencia en la subcomisión. “No tienen narices de decir que no a esto”.
“En los últimos años hubo un movimiento, una organización del desencanto”, es entonces, explica Montoya, “cuando se empieza a hablar de introducir el antigitanismo en el Código Penal”, la integrante de la Fragua ve en su consecución dos dimensiones: una tiene que ver con la sensación de que se ha hecho justicia, la otra con que percibe la entrada del antigitanismo en el código penal como una herramienta útil. “No se consigue la panacea, pero sí que es el inicio de un camino que creo que es imparable. En la lucha contra el antigitanismo es como si se hubiese acelerado la rueda: en pocos años se han conseguido grandes cosas”. Para esta activista este cambio obrado en la última década tiene que ver con una claridad mayor a la hora de conocer los propios derechos y exigir su respeto. “Esto es algo emocionante”.
“Esta discriminación es fruto de un proceso social y político que ha empujado a la creación de situaciones donde se vulneran todos los derechos de estas personas. Ahora, este odio y esta hostilidad será penada”, comenta el diputado Ismael Cortés, impulsor de la iniciativa
El antigitanismo no es un concepto nuevo. Algunos académicos británicos como Ian Hancock comenzaron a usarlo en los años 80, pero el término cobra fuerza a partir del 2011 cuando la Comisión Contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa aprueba la recomendación número 13 y se le asigna una categoría institucional a nivel Europeo. Soraya Post, eurodiputada romaní sueca, perteneciente al partido feminista, impulsó hasta tres resoluciones contra el antigitanismo.
Esto demuestra que ya existía una trayectoria y todo un proceso de institucionalización y elaboración de la idea que en España no había obtenido aún traducción. En la última década, la sociedad civil gitana se ha encargado de esta labor y ha ido poniendo el antigitanismo encima de la mesa de manera progresiva, insistiendo a su vez desde diferentes visiones y formas que esto no es la consecuencia, sino la causa y que se trata de un problema sistémico e histórico. Tantos años de esfuerzo han logrado finalmente sus frutos y la espera ha valido la pena.
Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación
La Ley de igualdad de trato y no discriminación impulsada por tres diputados gitanos del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, vinculada directamente con la dignidad de las personas, la paz social y la construcción de una sociedad más justa, ha conseguido ser apoyada este miércoles en el Congreso de los Diputados –tras años de lucha y cuatro intentos fallidos– introduciendo una reforma del Código Penal para que el antigitanismo sea incluido como forma específica dentro de los delitos de odio.
Ismael Cortes, diputado de Unidas Podemos y uno de los impulsores de esta enmienda, destacaba en una entrevista con LÚH!, la existencia de 272 asentamientos chabolistas mayoritariamente de gitanos en España, fruto de un proceso social y político que ha empujado a la creación de situaciones donde se vulneran todos los derechos de estas personas. Una población que ha quedado completamente despreciada, arrinconada, marginada e invisibilizada, a pesar de que “los gitanos son más antiguos que los borbones”, recordaba Cortes.
A partir de ahora, la hostilidad será castigada con una pena de prisión de uno a cuatro años y multas de seis a doce meses. Penalizando también que se produzcan, se elaboren o se posean materiales propagandísticos que inciten al odio o la violencia contra la comunidad, “sabemos que hay reductos fascistas en la sociedad que se dedican a ello”. La negación o la trivialización de los delitos de genocidio contra el pueblo gitano quedará también penada, al igual que la humillación o descrédito a través de internet, “todo ese material queda penado con esta modificación con multas de casi 500.000 euros. Además de la destrucción inmediata y el borrado de los contenidos, eliminando el material que contagia a la opinión pública”.
La enmienda aprobada propone la modificación del artículo 22 y 510 del Código Penal para incluir la discriminación contra el pueblo gitano. Una medida que ha tardado 600 años en llegar y que se convierte en algo histórico puesto que son las propias personas gitanas las que legislan sobre sí mismas, sin ningún tipo de tutelaje. “Es una medida que parte de nosotros”, señalaba Patricia Caro, experta en interseccionalidad a este diario, haciendo hincapié en la importancia de que por primera vez, queda reconocido de manera institucional que existe el antigitanismo en España y además, de que es algo indeseable.
El pueblo gitano, dañado tras años de genocidios y persecuciones aumenta con esta medida su confianza en las instituciones, al igual que el compromiso y la motivación hacia la participación política, ya que esto demuestra de que es posible impulsar cambios reales desde dentro de estos espacios, “Es una medida de reparación”. El odio, la hostilidad y la violencia por el hecho de pertenecer a un grupo cultural diferente continuará arraigado en la sociedad, tal y como señalaba Caro a LÚH!: “Hay gente que todavía está deseando que nos lleven a las cámaras de gas”, pero gracias a esta medida, estos actos no volverán a quedar impunes y ayudará a concienciar a la sociedad de que el antigitanismo existe, es un delito y una vulneración de los derechos humanos.
Iñaki Vázquez, activista e impulsor del espacio gitano “La Fragua Project”, califica de “emoción” lo que siente ante la noticia. El antigitanismo afecta en todos los ámbitos de la vida, desde la educación, el empleo, el acceso a la vivienda e incluso existe una menor esperanza de vida entre la población gitana y el resto, que varía entre nueve y quince años. “Habrá que seguir trabajando duro para desprendernos poco a poco de esta lacra, esa forma específica de racismo que tanto nos afecta”, comentaba Vázquez a este medio a la vez que celebraba este gran hito: “La estigmatización de nuestro pueblo, de nuestra identidad va a ser penado y eso es una gran noticia”.
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